• Gustavo Solórzano advierte que un consejero no puede recusar a otro dentro del CNE y señala que la acción busca alterar el equilibrio institucional del órgano electoral en vísperas de las elecciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó con firmeza la legalidad de la recusación presentada por el consejero Marlon Ochoa contra su colega Cossette López, calificando la acción como “jurídicamente improcedente” y carente de todo fundamento normativo.
A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Solórzano explicó que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, “la recusación es un acto procesal que sólo puede ser interpuesto por las partes que tengan un interés directo dentro de un procedimiento judicial o administrativo”.
En ese sentido, señaló que un consejero no puede recusar a otro, ya que ambos son parte del mismo órgano colegiado y no partes enfrentadas dentro de un proceso.
No existe base legal en la Ley Electoral
El titular del CAH precisó que la Ley Electoral no contempla ningún procedimiento de recusación entre consejeros del CNE, por lo que toda actuación debe ajustarse a lo expresamente previsto en la ley, conforme a los principios de legalidad y tipicidad administrativa.
“En ausencia de regulación expresa, podría aplicarse de forma supletoria lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, cuyos artículos delimitan con claridad quién puede recusar, en qué casos y ante qué autoridad. Por analogía institucional, esas normas ratifican que un miembro del órgano no puede recusar a otro de su mismo nivel jerárquico”, explicó Solórzano.
De esta forma, concluyó que la recusación presentada por Ochoa carece de sustento jurídico, contraviene la naturaleza colegiada del CNE y representa una actuación contraria al orden institucional.
Advierte intención de controlar el CNE
Más allá del plano legal, Solórzano alertó sobre el trasfondo político de la acción impulsada por Ochoa, al considerar que busca inhabilitar a una autoridad constitucionalmente nombrada con el propósito de alterar la integración y el equilibrio interno del Consejo Nacional Electoral.
“Pretender inhabilitar a una consejera constitucionalmente nombrada sería una verdadera suplantación de la soberanía popular”, enfatizó el jurista, al recordar que los miembros del CNE representan la pluralidad política y la voluntad ciudadana.
Cualquier intento de apartar a uno de ellos sin causa legal —añadió— erosiona la independencia institucional y debilita la confianza pública en el proceso electoral.
Advertencia ante la cercanía del proceso electoral
Solórzano también advirtió que, a pocas semanas del 30 de noviembre, cuando se prevé la declaratoria de las elecciones generales, cualquier acto que condicione la participación de un consejero atenta directamente contra la transparencia y credibilidad del proceso electoral.
“El respeto al marco constitucional y la defensa del principio de legalidad deben prevalecer por encima de cualquier interés político coyuntural”, escribió el presidente del CAH, insistiendo en que Honduras necesita instituciones fuertes, imparciales y respetadas.
Finalmente, subrayó que “hablar con la verdad y alertar sobre lo que ocurre no es tomar partido, sino cumplir con el deber cívico de defender la democracia y garantizar elecciones limpias y legítimas”, en un mensaje que marca una posición institucional clara frente a la creciente crisis en el órgano electoral.
