- Mario Flores Urrutia acusa al titular del Congreso Nacional de intentar interferir en decisiones judiciales del Tribunal Electoral; el conflicto escala y enciende alertas sobre la independencia institucional en vísperas de los comicios.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La institucionalidad electoral hondureña atraviesa un nuevo y preocupante episodio de tensión.
Este viernes, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, anunció que interpondrá una denuncia formal contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien responsabiliza directamente por amenazas e intentos de intimidación tras recientes resoluciones del ente electoral.
La disputa surgió luego de una sesión del pleno del TJE en la que se discutieron medidas cautelares destinadas a frenar la impresión de papeletas electorales en los departamentos de Olancho y Valle, como parte de recursos legales presentados por los diputados Jorge Cálix y Cristian Villalobos.
Flores Urrutia explicó que la reunión fue convocada conforme a ley y contó con el quórum necesario, pese a que el magistrado Mario Morazán abandonó la sesión en pleno desarrollo, lo que —según el presidente del Tribunal— constituye una obstrucción al proceso judicial electoral.
“Tenemos audio, actas y documentos que prueban que el magistrado Morazán estuvo presente, participó y luego abandonó la sesión sin justificación”, declaró Flores a medios de comunicación.
“No me va a intimidar”: Flores responsabiliza a Redondo
En la misma entrevista, el magistrado fue contundente al responsabilizar públicamente a Luis Redondo de cualquier acción o amenaza en su contra o hacia su familia.
“Lo responsabilizo públicamente. Estas amenazas no pueden tolerarse. El Ministerio Público no debe ser instrumentalizado para perseguir a los magistrados del TJE”, advirtió Flores, confirmando que procederá legalmente con el acompañamiento de su equipo de abogados.
Redondo responde y el conflicto se intensifica
El enfrentamiento escaló tras una publicación en X (antes Twitter), en la que Luis Redondo exigió al Ministerio Público actuar “de oficio y de inmediato” ante lo que calificó como flagrancia e ilegalidad en el TJE, por supuestas actuaciones que violarían la Constitución y la Ley Electoral.
“Es momento de detener al crimen organizado, al narcotráfico y a los grupos de poder que quieren devolver a Honduras al narcoestado”, escribió Redondo, en alusión directa a las decisiones del Tribunal Electoral.
La magistrada Miriam Barahona, también integrante del TJE, respondió con firmeza e indignación ante lo que consideró una intromisión indebida del Poder Legislativo.
“A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada que usted nos aprobó con la LOPE”, publicó Barahona, advirtiendo que la injerencia política entre poderes es peligrosa para la inversión y la estabilidad institucional del país.
Orígenes del conflicto
El choque institucional tuvo su punto de partida cuando el TJE ordenó suspender la impresión de papeletas en Olancho y Valle tras admitir solicitudes de medidas cautelares sobre la inscripción de candidatos a diputados.
El magistrado Mario Morazán alegó posteriormente que no hubo quórum válido y que sus colegas actuaron sin su consentimiento. No obstante, el acta de la sesión —firmada por el propio Morazán— y las grabaciones del pleno refutarían su versión, según explicó Flores Urrutia.
Lo que comenzó como una diferencia interna en el Tribunal derivó en una crisis abierta entre el TJE y el Congreso Nacional, con acusaciones cruzadas, señalamientos de persecución política y advertencias sobre una ruptura de la independencia judicial.
Advertencia a la comunidad internacional
Tanto Flores Urrutia como Miriam Barahona hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que observe de cerca la situación institucional de Honduras y garantice el respeto a la autonomía de los órganos electorales.
“Nosotros somos un tribunal con rango constitucional. No vamos a permitir que se vulnere nuestra función ni que se nos utilice políticamente”, subrayó Flores.
Analistas advierten que este enfrentamiento sin precedentes entre el Poder Legislativo y el Tribunal de Justicia Electoral envía señales de inestabilidad institucional justo cuando el país se prepara para los procesos electorales internos de los partidos políticos.
El conflicto, aseguran, refleja el creciente uso político de las instituciones y podría minar la credibilidad del sistema democrático si no se pone freno a los intentos de injerencia desde el poder político.
