• Aunque el Consejo de Ministros presume un aumento de L38,341 millones y más de L104,000 millones en inversión pública, el pago de deuda y las exoneraciones superan los L159,000 millones, dejando en duda la sostenibilidad del plan económico.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Presupuesto General de la República para 2026 por L469,249 millones, lo que significa un incremento de L38,341 millones (8.2%) respecto al aprobado en 2025.
Desde Casa Presidencial se destacó la cifra récord de L104,000 millones en inversión pública, equivalente al 9.5% del PIB, con lo cual Honduras superaría por primera vez la barrera de los 100 mil millones en este rubro.
Entre las prioridades anunciadas figuran carreteras (L8,069 millones), hospitales (L4,381 millones), infraestructura energética (L12,578.1 millones) y escuelas (L3,408 millones).
El discurso oficial insiste en que el crecimiento del presupuesto refleja una “recuperación financiera” y que se ha logrado sin crear nuevos impuestos, en contraste con los catorce que se aprobaron durante gobiernos pasados.
Sin embargo, el mismo plan revela la fragilidad de las finanzas públicas.
Para 2026, el servicio de la deuda absorberá más de L69,000 millones, mientras que las exoneraciones fiscales —mecanismo que beneficia a grandes grupos económicos— superarán los L90,000 millones.
En conjunto, estas cifras representan casi el total de lo que el Estado recauda en impuestos, lo que cuestiona seriamente la sostenibilidad del gasto.
Aunque el Gobierno promueve su propuesta de Ley de Justicia Tributaria como solución para reducir estos privilegios, la falta de avances en su aprobación mantiene un panorama incierto. Analistas económicos advierten que sin una reforma profunda, cualquier aumento en inversión pública será insuficiente para revertir los altos índices de pobreza y desigualdad que golpean a la mayoría de la población.
El oficialismo asegura que el presupuesto es un instrumento de desarrollo y que ya genera resultados en estabilidad macroeconómica y reducción de desigualdad. No obstante, los críticos señalan que la narrativa contrasta con la realidad de millones de hondureños que continúan enfrentando un alto costo de vida, desempleo y un aparato estatal que prioriza el pago de la deuda antes que la atención a las necesidades sociales.
En conclusión, aunque el Presupuesto 2026 se presenta como el más ambicioso en la historia reciente, sigue atrapado entre viejas cadenas: un modelo económico que mantiene privilegios fiscales y un Estado que gasta más en pagar deudas que en transformar la vida de su gente.
