- Caso salpica a diputada Isis Cuéllar y a exministro José Carlos Cardona por uso irregular de fondos destinados a Copán
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público confirmó este lunes la detención de los primeros cuatro involucrados en un caso de corrupción que sacude a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una investigación que también involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona.
De acuerdo con el MP, el pasado 2 de febrero se presentaron requerimientos fiscales contra 12 personas, entre ellas la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el exfuncionario que formó parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro
Los primeros capturados
De forma preliminar, las autoridades informaron que los detenidos son Reniery Fabrizzio Lazzaroni, Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno, todos acusados por el delito de fraude.
Los cuatro permanecen bajo custodia en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Lista de imputados
Las 12 personas con requerimiento fiscal son: Isis Cuéllar, José Carlos Cardona, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.
Investigación y señalamientos
Según el MP, José Carlos Cardona e Isis Cuéllar son señalados de haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública durante su paso por Sedesol.
La investigación se enfoca en el uso indebido de L6,032,654.07, recursos asignados al Desarrollo Económico y Social del departamento de Copán.
El requerimiento fiscal detalla que los hechos se originaron el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, en su condición de diputada por Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional de Honduras una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001.
En dicho documento, Cuéllar solicitó L6.5 millones, proponiendo que los fondos fueran ejecutados por Sedesol.
Daño a la administración pública
Para la Fiscalía, los recursos no fueron utilizados conforme a los fines de utilidad pública establecidos en la ley presupuestaria, sino que habrían sido parte de un esquema de fraude que ocasionó un perjuicio directo al Estado, sin generar beneficios reales para las comunidades que supuestamente serían atendidas en Copán.
El Ministerio Público señaló que las diligencias continúan y no se descartan nuevas capturas conforme avance el proceso judicial en uno de los casos de corrupción más sensibles que enfrenta la actual administración.
