• Emilio Hernández Hércules además aseguró que los pagos serán programados acorde a la disponibilidad financiera
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Secretaría de Finanzas emitió una contundente advertencia a los funcionarios públicos: queda estrictamente prohibido recibir comisiones, regalos, dádivas u otros beneficios que comprometan la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
La disposición fue oficializada mediante un comunicado firmado por el titular de la institución, Emilio Hernández Hércules, en el que se establece que estas prácticas constituyen una violación directa a las normativas de transparencia y pueden generar conflictos de interés en la ejecución presupuestaria.
El documento enfatiza que las decisiones dentro de la administración pública deben basarse exclusivamente en criterios técnicos y legales, dejando fuera cualquier tipo de influencia indebida.
Control estricto del gasto
Como parte de las nuevas directrices, Finanzas instruyó a los titulares de instituciones no financieras del Poder Ejecutivo a implementar un control prioritario de los compromisos presupuestarios previamente aprobados.
En ese sentido, los ordenadores de gasto deberán realizar un diagnóstico inmediato de sus obligaciones y priorizar únicamente aquellas que cuenten con respaldo formal, con el objetivo de evitar desviaciones o ejecuciones fuera de los límites establecidos.
Asimismo, se ordena notificar a la Secretaría cualquier movimiento que pueda generar desequilibrios en la Cuenta Única de Tesorería, reforzando así la disciplina fiscal.
Pagos sujetos a disponibilidad
El ministro Hernández también dejó claro que los pagos del Estado serán programados conforme a la disponibilidad financiera, una medida que busca mantener el equilibrio en las finanzas públicas y evitar compromisos que excedan la capacidad del erario.
Compromiso con la transparencia
La Secretaría de Finanzas reafirmó su compromiso con la legalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas, en un contexto donde la corrupción continúa siendo uno de los principales retos del país, según evaluaciones de Transparencia Internacional.
La directriz entra en vigor de manera inmediata y aplica a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, marcando una postura firme frente a prácticas que han sido cuestionadas en la gestión pública.
