TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña del gobierno de Xiomara Castro, se perfila como otro compromiso incumplido.
A juicio del analista político Olban Valladares, ya no hay condiciones ni tiempo suficiente para que el mecanismo internacional anticorrupción se instale antes del fin de esta administración.
“Es absurdo pensar que la CICIH va a llegar en cinco meses”, sentenció Valladares, aludiendo al escaso margen que le queda al actual gobierno, cuyo período concluye en enero de 2026.
El analista explicó que el proceso de instalación requiere al menos diez meses, entre trámites técnicos, acuerdos legales y ratificaciones legislativas, tiempos que ya no encajan en el calendario político nacional.
La CICIH fue presentada como un emblema de la lucha contra la corrupción durante la campaña electoral de Libre.
Su promesa recuperó una demanda popular que emergió tras la expulsión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), desmantelada en 2020 por el entonces gobierno de Juan Orlando Hernández, en un claro retroceso institucional.
Tras asumir el poder, Xiomara Castro envió una carta a la ONU solicitando apoyo para instalar la CICIH, lo que llevó a la firma de un memorándum de entendimiento en diciembre de 2022.
Sin embargo, casi tres años después, el proyecto sigue estancado y lo que se ha prorrogado no es su ejecución, sino únicamente la esperanza.
Valladares advierte que incluso el memorándum que expira el 16 de junio de 2025 podría no ser renovado, cerrando definitivamente la posibilidad de ver nacer la CICIH.
Si eso ocurre, no solo se habrá incumplido una promesa de campaña, sino que se consolidará un fracaso en el discurso anticorrupción que el gobierno ha sostenido durante años.
Además, la instalación del mecanismo ya no depende solo del Ejecutivo, sino que debe ser ratificada por el Congreso Nacional en una siguiente legislatura.
Este nuevo obstáculo político convierte la CICIH en una promesa inviable, que el tiempo y la falta de voluntad política han terminado por enterrar.
El caso plantea preguntas de fondo:
• ¿Fue la CICIH una promesa sincera o solo un recurso electoral?
• ¿Por qué no se avanzó con mayor rapidez y determinación durante los primeros años de gobierno?
• ¿Está el país condenado a vivir bajo estructuras que garantizan impunidad mientras los discursos se agotan en papel?
El desgaste institucional es evidente. La ciudadanía no necesita más promesas a largo plazo ni comunicados con lenguaje diplomático. Necesita resultados concretos y un gobierno que actúe con la urgencia y valentía que exige un país asfixiado por la corrupción.
Por ahora, la CICIH parece quedarse solo como eso: una esperanza archivada entre papeles firmados en Nueva York, una promesa más que no vio la luz.
