TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), acudirá este próximo viernes 12 de enero a la reanudación de la audiencia inicial en contra de los exdiputados Miguel Ángel Gámez, Fredy Espinoza Mondragón y Gladys Bernarda Casco Cruz, acusados por el delito de fraude, caso relacionado a la sustracción de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
En este expediente también figuran los excongresistas Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, a quienes el 16 de diciembre de 2023 se les dictó el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
