- Pacientes con cáncer y emergencias médicas no pueden recibir transfusiones por la toma del Banco de Sangre del Hospital Escuela, liderada por colectivos de Libre que exigen un nombramiento político.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Por segundo día consecutivo, colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) mantienen tomada el área de acceso al Banco de Sangre del Hospital Escuela, obstaculizando el ingreso de donantes y provocando una crisis que afecta directamente a los pacientes más vulnerables.
La protesta, motivada por el rechazo a una orden judicial que restituye en el cargo a la doctora Criselda Elvir Castillo, exige que la jefatura sea otorgada a la doctora Yuri Valeriano, a quien los manifestantes respaldan.
Sin embargo, la presión política ha escalado al punto de poner en riesgo la vida de pacientes que requieren transfusiones urgentes.
“¿Dónde está la ética?, ¿dónde está el profesionalismo?, ¿dónde están las autoridades?”, cuestionó un ciudadano frustrado, que acudió a donar sangre para un familiar, pero fue impedido de ingresar.
Las consecuencias ya son graves: pacientes oncológicos no están recibiendo plaquetas, se reportan suspensiones de cirugías por falta de componentes sanguíneos, y varias personas han tenido que regresarse a sus casas sin poder ayudar a sus seres queridos.
Una madre relató entre lágrimas que busca salvar a su hijo con una donación, pero no se le permitió el ingreso.
Otra familia procedente de Comayagua denunció que viajó para realizar una donación urgente para un paciente con leucemia, pero también fue rechazada.
“Estamos de brazos caídos y vamos a seguir así”, dijo Edwin García, uno de los representantes del grupo, quien además responsabilizó al director del hospital por la falta de plaquetas.
La salud, rehén del conflicto político
Aunque los colectivos justifican su protesta con argumentos administrativos, el efecto real es devastador: vidas humanas están siendo puestas en peligro por una lucha de poder dentro del sistema hospitalario.
Mientras tanto, ni la dirección del hospital ni el Ministerio de Salud han logrado intervenir efectivamente para restablecer el servicio o garantizar el derecho a la salud. La falta de una respuesta institucional agrava la crisis.
Este caso refleja de manera cruda cómo la politización de los servicios públicos puede transformarse en una amenaza directa para los ciudadanos, especialmente aquellos que ya enfrentan condiciones médicas graves.
