TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Ante las graves denuncias de abuso y opacidad en las compras del Congreso Nacional, reveladas este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el diputado oficialista de Libre, Ramón Barrios, se limitó a señalar que la responsabilidad de investigar recae en el Ministerio Público y no en los legisladores.
Barrios, representante por Cortés, tomó distancia del escándalo argumentando: “No soy miembro de la Junta Directiva, no tengo acceso a información administrativa”, en una declaración que para muchos representa una evasión de responsabilidades políticas dentro de un órgano del Estado que debería rendir cuentas de forma transparente.
Pese a que el informe de ASJ denuncia irregularidades en el uso de fondos públicos, el diputado no ofreció respaldo concreto a una posible investigación interna ni mostró disposición para impulsar acciones desde el Congreso.
“La pagaduría y la administración del Congreso Nacional deben responder al informe presentado”, dijo, sin hacer referencia a la responsabilidad colectiva de los diputados sobre el uso del presupuesto legislativo.
“El Ministerio Público debe investigar y el Poder Judicial actuar en deducir responsabilidades si las hay”, expresó, deslindándose nuevamente de cualquier deber fiscalizador dentro del Congreso.
Barrios sí reconoció que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, aunque no profundizó en qué aspectos deben cambiar ni planteó propuestas concretas.
Asimismo, sugirió que la Procuraduría General de la República debería sumarse a las indagaciones, trasladando nuevamente la carga de acción fuera del Poder Legislativo.
Las declaraciones del diputado se dan en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado, y ante un informe que expone posibles actos de corrupción en la administración de fondos públicos por parte del Congreso Nacional.
