TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre advirtió este viernes que los recurrentes episodios de violencia a los que se enfrentan los periodistas y comunicadores sociales es una evidente amenaza para el goce efectivo de la libertad de opinión y expresión en el país.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la titular del Conadeh consideró que mientras se mantengan los altos niveles de impunidad y no se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección, el trabajo que realizan periodistas y comunicadores sociales continuará siendo una labor de alto riesgo.
Indicó que la libertad de expresión, la de opinión y de información están garantizados, tanto en la Constitución de la República como en los instrumentos internacionales ratificados por Honduras, por lo que es deber del Estado garantizar plenamente el ejercicio de esos derechos.
Tanto los periodistas como los medios de comunicación tienen un papel y una responsabilidad muy grande para que funcionen las libertades de pensamiento, opinión, información y expresión, de las que resulta una opinión pública bien informada y orientada, requisito indispensable para la verdadera democracia.
Informes del Conadeh establecen que, en los últimos años, esta labor ha tratado de ser silenciada y obstaculizada con variadas acciones contra las libertades de expresión y de información que van desde atentados, agresiones, hostigamiento, amenazas que muchas veces concluyen en desplazamiento forzado e incluso la muerte.
83 medios de comunicación de Honduras han registrado la muerte violenta de uno o varios de sus miembros
Entre el 2001 y abril del 2024, el Conadeh registró la muerte de 100 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, operadores, editores, camarógrafos y propietarios. El 96% de los trabajadores de medios, que perdieron la vida violentamente, eran hombres y un 4% mujeres.
La situación jurídica de los 100 casos, de personas ligadas a los medios de comunicación que perdieron la vida en circunstancias violentas establece que, en el 90 % se mantienen en la impunidad, es decir, que se les niega a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad.
Desde octubre del 2021, que se registró el primer caso, alrededor de 43 municipios de 16 de los 18 departamentos del país fueron escenario de la muerte, bajo esas circunstancias, de un centenar de personas que laboraban en medios de comunicación.
De las 100 víctimas registradas hasta ahora, 23 murieron violentamente en el departamento de Francisco Morazán, 19 en Cortés, 9 en Atlántida, 9 en Copán, 8 en Yoro y 7 en Olancho, que representan el 75 % de los casos.
El Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, fue escenario de 23 muertes violentas, que lo ubica como el de mayor riesgo para la labor que realizan periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación.
Entre los hallazgos se reveló que alrededor de 83 medios de comunicación de Honduras han sufrido o registrado la muerte violenta de uno o varios de sus empleados.
De acuerdo a la labor que realizaban las personas vinculadas a los medios de comunicación, al menos 25 eran directores de espacios y propietarios de medios de comunicación, 17 presentadores de noticias y 15 locutores.
Además, figuran entre las víctimas camarógrafos, presentadores de programas de entretenimiento, cronistas deportivos, operadores, gestores de publicidad, editores y corresponsales de radio y televisión.
Víctimas de desplazamiento forzado
Al menos, 107 periodistas y comunicadores sociales denunciaron, entre el 2016 y julio del 2023, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, en Honduras, al ser objeto, en un 80 % de los casos, de amenazas, situación que no solo puso en riesgo el ejercicio su profesión, sino que su integridad y su vida.
El 76 % de las amenazas contra periodistas y comunicadores sociales tuvieron como escenario los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés.
Se estima que, de las 107 quejas atendidas por el Conadeh, el 76 % están en riesgo, mientras que, el 24% habrían sido víctimas de desplazamiento forzado.
Los responsables de poner en riesgo la integridad física y la vida de periodistas y comunicadores sociales son en el 40% de los casos personas desconocidas, pero también se denuncian como responsables a miembros de maras y pandillas, bandas criminales, operadores de justicia y miembros del crimen organizado.
