TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) consideró que “son bajas” las expectativas para que se instale en lo que queda de este gobierno la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH).
Sobre el aspecto de la lucha contra la corrupción y la impunidad, lamentó que solo se asignara un 3% del Presupuesto General de 2023 y que esa cifra se volviera repetir en el 2024, a las instituciones encargadas de esta labor.
Recordó que ha transcurrido más de un año de la firma del memorándum de entendimiento para poder instalar en el país la CICIH, y no se ha concretado hasta la fecha.
Señaló que, para el presente año, el gobierno tiene el reto y desafío de acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio sobre todo en áreas claves, considerados para la evaluación como la gobernabilidad y el control de la corrupción.
Añadió que es inminente la necesidad de transformar las instituciones y cultivar un entorno en el que la corrupción no tenga cabida.
Por lo tanto, demandó a las autoridades de tomar las decisiones más acertadas bajo el principio de la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto del Estado de Derecho.
De igual forma, la RedH, que está conformada por sectores académicos, sociales y empresariales, demandó nuevamente al Congreso Nacional y las autoridades del gobierno a atender la crisis legislativa, desafíos socioeconómicos, corrupción y violencia en Honduras.
A través de un pronunciamiento público, sociedad civil pidió a los gobernantes del país a poner mayor énfasis en la actual situación política, social y económica del país.
Concerniente a la crisis legislativa e institucional aseguraron que la prolongada y desgastante problemática que está viviendo en el país debido a los desacuerdos en el órgano unicameral tienen un carácter sistémico y pone en cuestión el futuro de la democracia hondureña.
En el pronunciamiento la institución de sociedad civil señaló que la crisis no se supera con acuerdos políticos producto de la “presión o el chantaje”, que responden al interés particular de quienes lo suscriben, por lo que, solicitaron hacer público lo negociado y los acuerdos a los que han y están llegando, ya sean negociaciones partidarias o personales.
La REDH también hizo un enérgico llamado para que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo atiendan los desafíos y urgencias socioeconómicas, sociales y de servicios que demanda la sociedad, en particular de las mayorías que viven en la marginalidad y la precariedad.
“Ello supone avanzar respuestas y propuestas concretas a temas como: la generación de empleo, la reducción de la violencia, la migración, y la lucha contra la corrupción”, cita textual un fragmento de la misiva.
En cuanto a la violencia y la criminalidad que afronta el país, apuntaron que es un signo de alarma a pesar de la reducción prevista hasta el 2023, las cifras siguen siendo cinco veces superior a la media de la Organización Mundial de la Salud (OMS), producto del aumento de la actividad del crimen organizado y de delincuencia común.
La cual se materializa en asesinatos, muertes violentas de mujeres y femicidios, violencia hacia la niñez, juventud y personas LGTBIQ+, violaciones, extorsiones y robos, entre otros delitos, detallaron.
Finalmente, la REDH reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, por lo que invitaron a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, a la vigilancia y a la participación activa en la construcción de un camino democrático que garanticen en el 2025, elecciones libres transparentes y legitimas.
