TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una intervención de más de 40 minutos que pareció más una acusación formal que un discurso legislativo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó graves señalamientos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) al calificar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) como nula e implica responsabilidad penal.
Según Redondo dos de los tres concejales del CNE, incumplieron la ley electoral mediante la implementación de unos pliegos de condiciones sin tener la facultad de suprimir, irrespetar, alterar, reformar, incumplir o incluso mezclar la divulgación de resultados preliminares con el escrutinio general, debe de agotarse el primero para pasar al segundo.
Continúo diciendo que “los concejales violentaron la constitución, la función electoral, la ley electoral y el proceso electoral, y usurparon la función legislativa, por lo que la decisión tomada en la sesión del 15 de junio en donde se decidió el acuerdo por mayoría de votos es nula e implica responsabilidad, además aseguró que ningún funcionario civil o militar puede acatar ordenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.
El acuerdo aprobado autoriza la contratación de un sistema combinado de TREP, escrutinio general y divulgación de resultados, algo que —según el titular del Legislativo— constituye una reforma ilegal al proceso electoral, realizada sin facultades y en abierta violación de la Constitución.
Usurpación de funciones y reforma ilegal
Luis Redondo no solo acusó al CNE de actuar fuera del marco legal, sino que afirmó que el órgano electoral ha invadido competencias que son exclusivas del Congreso Nacional.
“Han violentado la Constitución, la Ley Electoral y el proceso mismo. Usurparon funciones legislativas. Esa decisión implica responsabilidad penal”, advirtió en tono enérgico.
Redondo subrayó que el CNE creó, de facto, una nueva etapa electoral no contemplada en la ley, y cuestionó quién dirigirá ese “organismo ficticio”, cómo tomará decisiones, y bajo qué normas operará. “Es un invento inconstitucional. No existe en ninguna parte del ordenamiento jurídico”, dijo.
Según explicó, la reforma se basó en una simple solicitud de la Unidad de Compras del CNE, respaldada por un dictamen legal “vacío de argumentos jurídicos”, sin ninguna referencia concreta a la Constitución o la Ley Electoral.
“Ni por mayoría ni por consenso”: Redondo rechaza validez del acuerdo
Otro punto neurálgico de su intervención fue la denuncia de que el acuerdo fue aprobado por mayoría simple, lo cual —según Redondo— carece de validez jurídica.
“El artículo 279 exige consenso, entendido como unanimidad. Pero incluso si hubiese sido unánime, seguiría siendo ilegal, porque el CNE no tiene facultad de reformar el proceso electoral a través de un pliego de condiciones”, expresó.
Criticó que la medida fue tomada cuando ya ha iniciado el proceso electoral, lo cual viola el principio de estabilidad del proceso democrático. “No se pueden cambiar las reglas del juego con el partido en marcha. Eso es trampa”, agregó.
“Están repitiendo el modelo del fraude electoral del crimen organizado”
Redondo fue enfático al establecer un paralelismo entre el esquema aprobado por el CNE y las prácticas fraudulentas utilizadas por estructuras criminales.
“Este es el mismo patrón del fraude del narco. Lo que buscan es manipular el proceso desde adentro, disfrazando el control con tecnología”, aseveró.
El presidente del Congreso también explicó que el CNE ha confundido —intencionalmente, a su juicio— las etapas diferenciadas que establece la ley: transmisión, divulgación preliminar y escrutinio general. “La ley no permite fusionar estas etapas. Lo que han hecho es alterar el orden legal del proceso electoral, y eso tiene consecuencias graves”, afirmó.
Además, recordó que el artículo 21 de la Ley Electoral exige la publicación inmediata de las actas al ser recibidas, un derecho ciudadano que, con el nuevo sistema, estaría en riesgo.
Advertencia constitucional: hay responsabilidad penal
Redondo respaldó sus argumentos citando los artículos 321 y 322 de la Constitución de la República, los cuales establecen que ningún funcionario puede ejercer más funciones que las que expresamente le concede la ley, y que nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales.
“Usurpar funciones legislativas es un delito. Y los que acaten decisiones inconstitucionales también son responsables ante la ley. Nadie puede escudarse en órdenes ilegales”, sentenció.
Un llamado al CNE: revocar el acuerdo o enfrentar consecuencias
Luis Redondo cerró su intervención con un mensaje directo al pleno del CNE: “Deben revertir este acuerdo de inmediato. Deben comprometerse públicamente a respetar el orden legal y no interferir en la divulgación de los resultados preliminares”.
Finalmente, remarcó que el Congreso Nacional está obligado a defender el Estado de derecho, y advirtió que actuará en consecuencia. “Esto no se trata de partidos ni colores. Se trata del país, de la democracia, de la ley. Y el Congreso defenderá ese derecho hasta el final”.
Frase destacada:
“Esto no es una reforma técnica. Es un intento ilegal de manipular el proceso electoral, con métodos que ya usó el crimen organizado. Y eso no lo vamos a permitir.”
