TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la polémica Ley de Justicia Tributaria está a punto de ser aprobada, ya que —según él— solo faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría necesaria en el pleno legislativo.
“Puedo decir esto: me hacen falta cuatro votos para la Ley de Justicia Tributaria, y la aprobamos”, expresó Redondo, al admitir que se encuentra en pleno proceso de cabildeo político para conseguir los respaldos restantes.
La declaración del titular del Legislativo pone en evidencia la intensa operación política que se libra en los pasillos del Congreso, en un contexto donde el oficialismo ha insistido en que la propuesta no representa un “paquetazo fiscal”, pese a que sectores económicos y sociales advierten lo contrario.
La iniciativa, actualmente en su tercer debate, ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del hemiciclo.
Aunque el Gobierno sostiene que la ley busca una distribución más justa de la carga tributaria y combatir exoneraciones abusivas, críticos alertan que la reforma podría tener efectos negativos sobre el costo de vida, incluyendo un posible aumento en productos de la canasta básica, lo cual golpearía directamente a los sectores más vulnerables.
“En los dos primeros momentos hay muchas posibilidades, pero hay que seguir cabildeando”, comentó Redondo, en referencia a los pasos previos antes de someter el proyecto a votación final.
Su declaración deja entrever que la aprobación no dependerá exclusivamente del mérito técnico del proyecto, sino del manejo político de los votos.
La falta de claridad sobre los cambios puntuales que contiene la ley y la escasa socialización del texto con diversos sectores también han generado preocupación.
Organizaciones empresariales, analistas económicos y voceros de la oposición han cuestionado la opacidad del proceso y alertan sobre el riesgo de que se impongan medidas sin el debido consenso social.
Aunque Redondo advirtió que la ley se podría aprobar “en cualquier momento”, la incertidumbre sigue marcando el ambiente legislativo, mientras ciudadanos y observadores exigen que se garantice un debate abierto, transparente y que anteponga el bienestar colectivo por encima de acuerdos políticos a puerta cerrada.
