- La citación ocurre mientras el pleno permanece sin sesiones desde agosto y crecen las dudas legales sobre el rol de la Comisión en decisiones vinculadas al proceso electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó este jueves 18 de diciembre de 2025 a una sesión de trabajo de la Comisión Permanente, programada para las 4:00 de la tarde en el Salón de Sesiones del Legislativo, en Tegucigalpa.
La citación se produce en un contexto de prolongada parálisis legislativa, ya que el pleno del Congreso no sesiona desde el pasado 27 de agosto, pese a la creciente crisis institucional derivada del proceso electoral general.
Según la convocatoria oficial, el orden del día contempla la verificación de quórum, un informe sobre la situación institucional del Congreso, la agenda legislativa, así como el conocimiento y resolución de asuntos urgentes relacionados con el proceso electoral de 2025, además de asuntos varios.
La reactivación de la Comisión Permanente ocurre tras semanas de cuestionamientos al manejo del Poder Legislativo, luego de que más de 70 diputados de oposición decidieran prorrogar por su cuenta el período de sesiones, alegando la inacción de la Junta Directiva, que no convocó oportunamente al pleno pese a los hechos de alta relevancia nacional.
Una Comisión con funciones limitadas en un escenario de alta tensión
La Comisión Permanente fue instalada por Redondo y su Junta Directiva el 1 de noviembre de 2025, en cumplimiento de una resolución firmada el 31 de octubre.
Está integrada por nueve miembros propietarios: Luis Redondo Guifarro Hugo Noé Pino Luz Angélica Smith Josué Fabricio Carbajal Sandoval Osman Danilo Chávez Carlos Raudales Karen Martínez Juan Barahona Silvia Bessy Ayala.
Asimismo, la integran cuatro suplentes: Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
El fundamento legal invocado para su conformación fue el artículo 207 de la Constitución de la República y el artículo 21, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Sin embargo, expertos constitucionalistas han reiterado que esta instancia no sustituye al pleno del Congreso y que su papel se limita a funciones administrativas y de continuidad operativa durante los recesos legislativos.
Entre sus atribuciones formales se encuentran recibir decretos del Poder Ejecutivo, custodiar archivos legislativos, convocar a sesiones extraordinarias, otorgar permisos a funcionarios y conocer denuncias por violaciones constitucionales.
No obstante, carece de competencia para adoptar decisiones trascendentales, como intervenir en la declaratoria de elecciones, aprobar reformas estructurales o asumir funciones exclusivas del pleno.
Alarma por eventuales decisiones sobre el proceso electoral
La inclusión de asuntos “urgentes” vinculados al proceso electoral en la agenda de este jueves ha encendido las alarmas en sectores políticos y jurídicos.
Diputados de oposición y especialistas en derecho constitucional advierten que solo el pleno del Congreso, integrado por los 128 diputados, puede intervenir en caso de un eventual incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El artículo 205, numeral 7 de la Constitución es claro al establecer que el Congreso Nacional solo puede declarar elecciones si el CNE no lo ha hecho, y que dicha facultad corresponde exclusivamente al pleno, no a la Comisión Permanente.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo refuerza este criterio al definir al pleno como la máxima autoridad del Congreso, subrayando que ninguna comisión puede suplantar sus funciones sin una delegación expresa y constitucionalmente válida.
Sospechas políticas en un momento clave
La convocatoria impulsada por Redondo se produce en un momento de extrema tensión política, marcado por denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, amenazas denunciadas por consejeras del CNE y una presión creciente para destrabar el escrutinio especial y encaminar una salida institucional a la crisis postelectoral.
En ese contexto, las actuaciones de la Comisión Permanente —cuyas atribuciones están claramente delimitadas— son observadas con recelo por diversos sectores, que acusan al oficialismo de intentar extender su control político más allá de los márgenes constitucionales, aprovechando la inactividad del pleno legislativo.
Mientras el país exige certeza jurídica, transparencia electoral y respeto a la institucionalidad, la falta de sesiones plenarias y el protagonismo de una comisión con facultades restringidas profundizan la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el Congreso Nacional en una de las coyunturas más delicadas de los últimos años.
