Reelección

(Por Edmundo Orellana) Que el gobernante se haya reelegido, es un hecho consumado. Pero no significa que lo sea también la reelección y, por ello, sea permitida.

Aceptar que la reelección está legitimada porque el gobernante se reeligió, es admitir la validez de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la no violación del principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

En nuestra historia la reelección ha sido causa de debates y de sangrientos conflictos. De la reelección, el continuismo es la peor de sus manifestaciones, que ha llevado al país a desangrarse en guerras, algunas de ellas las más sangrientas de nuestra historia. Prueba de esa conflictividad es el continuismo del actual gobernante, cuya toma de posesión marcó el inicio de un proceso insurreccional cuyo ímpetu asustó a los líderes de la oposición, quienes lo recondujeron a inocuas marchas, que inicialmente confundió y debilitó al gobierno, pero que, gracias a esa actitud de la oposición, le permitió fortalecerse, salir de la trinchera y pasar al ataque (más de 20 personas han muerto).

Esa no es la única consecuencia. Los indicadores económicos y sociales son devastadores. Nos definen como el país más pobre de Latinoamérica, el más inequitativo, ponen en duda la existencia del estado de derecho; en definitiva, somos de los más amolados.

El gobierno continuista no tiene legitimidad. No se la dio el pueblo en las elecciones ni lo acepta como tal. Por eso su fortaleza es la estructura del poder. Ahí está atrincherado. Necesita, en consecuencia, alimentar esa estructura, cuestión que es visible en el presupuesto que envió al Congreso. Los gastos corrientes prevalecen. Un país que paga impuestos a su gobierno para que este los destine a su sostenimiento y a proteger al gobernante de su pueblo, en lugar de canalizarlos hacia el desarrollo económico y social del país, va en caída libre.

Sus cuerpos armados tienen preferencia sobre todo lo demás. Mucho se gasta en el ramo de seguridad, es cierto, pero sus resultados son mediocres (basta leer un periódico, ver o escuchar las noticias, para probarlo), pero muy efectiva para la represión. Por eso, conviene al régimen dotar de suficientes pertrechos a sus cuerpos armados.

Pero el tema está en las mesas del diálogo. La posición del gobierno es reglamentarla, la de la oposición es que, de ser necesario, se pregunte a los ciudadanos, mediante plebiscito, si están de acuerdo en eliminar la prohibición de la reelección.
Hay quienes proponen consulta mediante referéndum. Pero esta propuesta tiene un problema: se identifica con la posición del gobierno, ya que habría que aprobar la ley sobre reelección primero (es decir, reglamentar la reelección; en otras palabras, admitir que es válida la sentencia que declaró inconstitucional la Constitución) y luego someterla a consulta popular.

Ahora bien, de hacer la consulta es necesario considerar la conveniencia de no cometer el error cuyas consecuencias vivimos actualmente. Si no queremos repetir esta tragedia debemos proscribir el continuismo, versión monstruosa de la reelección. Esta debe ser la divisa. Por eso, el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia no debe ser parte de la consulta y mantenerse tal como lo consagra nuestra Constitución.

La consulta no debe provocar confusión. Debe ser sencilla y clara. Simplemente preguntar si está o no de acuerdo con eliminar la prohibición de la reelección, porque de triunfar el “sí”, lo único que se eliminaría de la Constitución sería esta prohibición y continuaría vigente el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.

Sin importarles que existen otros y más complejos problemas políticos y no digamos los gravísimos en el orden económico y social, los políticos se concentran en uno solo, la reelección, que, de los 8 millones de hondureños, solo a siete personas concierne.

En este punto, debemos preguntarnos si esa consulta debe practicarse prioritariamente. Porque sí es así, surge otra cuestión: ¿Confían en este TSE para que dirija y coordine esa consulta? Si la respuesta es negativa, entonces habrá que reconocer que la prioridad es otra, a saber: modernizar el sistema político-electoral, propuesta oficial del Partido Liberal.

Modernizando el sistema ganamos todos. Porque habrá más participación ciudadana efectiva y se reducirán drásticamente las dudas sobre los resultados electorales. Por consiguiente, las elecciones y las consultas populares, en adelante, en lugar de ser causa de discordia, serían el punto de encuentro de los hondureños.

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