- A 21 días de su entrada en vigor, 20 obligaciones siguen sin arrancar y otras 20 carecen de información pública, mientras las pérdidas de la ENEE superan los L50 millones diarios, según la organización.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La implementación de la Ley de Justicia Energética enfrenta retrasos y falta de información pública. Así lo advierte la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que lanzó este martes un monitor para vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado para transformar el sector eléctrico hondureño.
De acuerdo con los resultados de la herramienta, a 21 días de la entrada en vigor de la normativa, de los 42 hitos establecidos solo se ha cumplido uno: la sanción de la propia ley. Otros 20 compromisos no han comenzado, uno está en proceso y sobre los 20 restantes no existe información pública que permita verificar su estado.
El monitor, impulsado a través de la iniciativa Potencia Honduras, organiza las obligaciones en siete ejes y permite consultar los plazos, las instituciones responsables, el avance de cada compromiso y las evidencias disponibles. La ASJ anunció que cada trimestre contrastará los informes oficiales del Gobierno con la hoja de ruta que debe orientar la ejecución de la reforma.
La alerta se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico. Según datos citados por la organización, el 87 % de los usuarios sufre interrupciones del servicio cada semana y durante 2025 los hondureños pasaron, en promedio, 165 horas sin electricidad, el peor registro de Centroamérica. Además, 378,920 viviendas todavía esperan recibir energía por primera vez.
“La ley abre una oportunidad real para tener una ENEE ordenada, despolitizada y que rinda cuentas, pero por sí sola no cambia nada. Lo que el país espera ahora son resultados”, manifestó Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ.
Pérdidas de la ENEE superan los L50 millones diarios
Uno de los principales puntos de preocupación son las pérdidas de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que aumentaron del 33.6 % en 2025 al 34.4 % durante el primer semestre de 2026, según las cifras presentadas por la organización. La ASJ estima que estas pérdidas representan alrededor de 50 millones de lempiras diarios.
Como medida correctiva, propone reducirlas hasta alcanzar el 15 %, nivel reconocido en la tarifa eléctrica, y establecer como primera meta una disminución de cinco puntos porcentuales durante 2027. De acuerdo con sus cálculos, esa reducción permitiría liberar aproximadamente L2,600 millones al año.
Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, advirtió que el incumplimiento de esa primera meta evidenciaría el fracaso del plan de reducción de pérdidas.
Licitaciones y nuevas empresas, entre los retos pendientes
Otro compromiso clave es iniciar la licitación de potencia y energía a más tardar el 28 de marzo de 2027. La ASJ considera que cumplir este plazo es fundamental, debido a que una parte importante de la generación eléctrica actual saldrá de operación en 2029 y será necesario contar con contratos que garanticen el suministro.
La organización también cuestionó la situación financiera de las tres nuevas empresas que surgirán de la reorganización de la ENEE. Según sus estimaciones, estas podrían cubrir con sus propios ingresos apenas una quinta parte de los 143,800 millones de lempiras que adeuda la estatal.
Ante este panorama, la ASJ recomienda que el apoyo financiero del Estado dependa de resultados verificables, que las licitaciones se desarrollen oportunamente y con garantías de pago, y que las nuevas empresas cuenten con juntas directivas seleccionadas por mérito y un plan para administrar la deuda histórica.
El monitor está disponible en www.potenciahonduras.asjhonduras.com, donde la ciudadanía puede consultar el avance de los compromisos y dar seguimiento a las instituciones responsables de ejecutar la reforma eléctrica.
