• El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó los cambios que analiza el Congreso para combatir homicidios, extorsiones y narcomenudeo, mientras la reducción de la edad punible sigue siendo una propuesta legislativa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Fortalecer las investigaciones criminales y ampliar las herramientas legales para combatir a las estructuras delictivas son algunos de los objetivos de las reformas penales que se discuten en el Congreso Nacional, según explicó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.
El funcionario detalló que las iniciativas buscan mejorar la respuesta de las autoridades frente a delitos como homicidios, extorsiones y narcomenudeo, durante una reunión con representantes de la empresa privada, en la que se abordaron los alcances de los cambios propuestos.
Entre las modificaciones mencionó la ampliación de determinados plazos de 24 a 48 horas, así como disposiciones relacionadas con la flagrancia y los procedimientos para efectuar arrestos y allanamientos sin orden judicial.
Estas medidas forman parte de la discusión legislativa orientada a fortalecer las capacidades operativas de las instituciones de seguridad. Su alcance y aplicación dependerán de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.
Reducción de la edad punible, en manos del Legislativo
Velásquez también se refirió a las propuestas impulsadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tras su visita a El Salvador, entre ellas la relacionada con la reducción de la edad punible.
El ministro aclaró que se trata de iniciativas del Poder Legislativo y sostuvo que la Policía Nacional deberá aplicar las disposiciones que entren en vigor, conforme al marco legal.
Asimismo, argumentó que las organizaciones criminales utilizan a diferentes sectores de la población, incluidos menores de edad, para cometer delitos, por lo que consideró necesario que la legislación responda a los desafíos de seguridad que enfrenta Honduras.
Extorsión y capacidad investigativa, entre los desafíos
El titular de Seguridad reconoció que la extorsión continúa siendo uno de los principales problemas del país, con un impacto particular en los pequeños empresarios, quienes enfrentan las exigencias económicas de las estructuras criminales.
Según Velásquez, debilitar la capacidad operativa de estas organizaciones permitiría reducir las extorsiones y otras actividades ilícitas. Para ello, también considera fundamental dar seguimiento a los movimientos financieros de los grupos delictivos e impedir que el dinero obtenido ilegalmente continúe financiando sus operaciones.
El funcionario admitió que todavía existen desafíos en materia de investigación criminal y destacó la necesidad de modernizar los recursos tecnológicos, así como recuperar y fortalecer las capacidades técnicas y científicas de la Secretaría de Seguridad.
Las reformas permanecen bajo análisis del Poder Legislativo, mientras las autoridades sostienen que mejorar las herramientas legales y de investigación resulta clave para enfrentar a las organizaciones criminales en Honduras.
