TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En Honduras persiste un “patrón de atentados” contra la vida y muertes ilícitas contra personas vulnerables, dijo este viernes el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
“Persiste un patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, población LGBTIQ+, personas defensoras de derechos humanos, de la tierra, el territorio y medioambiente, periodistas y comunicadores sociales”, subrayó Tidball-Binz.
Al concluir diez días de visita a Honduras, el relator especial señaló que constató “un deficiente” funcionamiento del Sistema Nacional de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, para atender a los beneficiarios.
Destacó el compromiso del Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana, aunque, dijo, que observa “con preocupación” que la Policía Militar de Orden Público continúe participando en tareas de seguridad pública.
“La manifiesta voluntad política y los esfuerzos del Gobierno hondureño para fortalecer los derechos humanos deben traducirse en la prevención efectiva”, enfatizó.
Impunidad en Honduras
Tidball-Binz, resaltó la situación de “impunidad generalizada” en el país debido a una “debilitada procuración e impartición de justicia”.
El Estado de Honduras, tiene “la obligación” de realizar investigaciones de manera “pronta, exhaustiva, efectiva, imparcial y exoficio”, dijo.
Manifestó su “profunda preocupación” por el alto índice de feminicidios y muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTIQ+.
Además, de la impunidad que rodea esos casos, y lamentó que el país no cuente con protocolos especializados para investigar estos delitos.
El relator especial observó con “grave preocupación” la alta incidencia de conflictividad en el Bajo Aguán.
De 2018 al 30 de abril de 2023, la Oacnudh registra en Honduras el asesinato de 62 defensores de derechos humanos y cuatro desapariciones.
De igual forma, considera importante establecer un «marco legal sólido» que regule el uso de la fuerza por parte de todas las fuerzas de seguridad.
Destacó además como «un paso positivo» la próxima publicación del Manual de Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras e instó a las autoridades a garantizar «su efectiva implementación».
Tidball-Binz enfatizó que sin un marco normativo que «obligue y sancione» las faltas del uso de la fuerza, el manual «carece de fuerza vinculante».
El estado de excepción debe ser «justamente algo excepcional y acotado en el tiempo» por lo que su prolongación es de «gran preocupación», subrayó el relator de la ONU, que señaló que la suspensión de las garantías constitucionales facilita «las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad».
Instó al Gobierno de Honduras a «redoblar sus esfuerzos» para dotar de recursos económicos, técnicos y humanos adecuadas para que las fuerzas de seguridad puedan desempeñar «eficazmente» su labor de conformidad con las obligaciones internacionales.
«Los autores de cualquier homicidio resultante del uso excesivo de la fuerza deben ser investigados por una unidad imparcial y sancionados adecuadamente», enfatizó.
Durante su visita a Honduras, Tidball-Binz se reunió con altas autoridades del Estado, académicos, defensores de derechos humanos y un gran número de familiares de víctimas de muertes ilícitas, entre otros.
Agradeció «la hospitalidad y la amabilidad» con la que fue recibido en Honduras, así como el «diálogo franco, la apertura y confianza» de las personas con las que se reunió en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Bajo Aguán, en el centro, norte y Caribe del país.
