TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una supuesta estructura que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014.
Los imputados son: Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a 37 personas más entre ellos exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) acusada a estas personas de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, estas personas se habrían confabulado para defraudar al pueblo hondureño por más de noventa y seis millones de lempiras (L. 96,976,218.21) a través de 596 contratos provenientes de los programas: Bono Juvenil y el Programa DiMujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
El esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando “empresas de relleno” y fragmentando las contrataciones para evadir los procesos de licitación. El Ministerio Público concluye que existió una colusión entre los imputados, quienes justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se realizaron, mientras que las pocas efectuadas se llevaron a cabo en condiciones deficientes, además fabricaron expedientes para que se ejecutara el pago total de los contratos.
Estas personas no solo causaron un desfalco millonario al país, sino que también habrían castigado a miles de jóvenes y mujeres hondureñas al privarlas de oportunidades para desarrollar sus capacidades técnicas para emprender su propio negocio, robándoles así la posibilidad de transformar sus vidas y las de sus familias.
