- La acción del Ministerio Público contra Luis Redondo y otros diputados reaviva la confrontación política entre miembros de Libre y el Partido Nacional.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra Luis Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional ha desatado una fuerte reacción entre dirigentes y diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes denuncian una presunta persecución política orquestada por el Partido Nacional, y cuestionan la aplicación de la justicia en Honduras.
La diputada Scherly Arriaga aseguró que el principal señalamiento contra la extinta Comisión Permanente es haber exigido que se concluyera el recuento de votos de las elecciones generales, un proceso que, según sostuvo, daba como ganador de la Presidencia a Salvador Nasralla. A su criterio, las acciones judiciales constituyen una persecución contra líderes de la oposición.
En la misma línea, el exconsejero electoral Marlon Ochoa denunció que se habría ordenado la captura de 13 diputados del Congreso anterior por las decisiones relacionadas con la finalización del conteo electoral. Ochoa atribuyó estas acciones al régimen que calificó como “impuesto” por el presidente estadounidense Donald Trump en Honduras.
El exconsejero argumentó que el escrutinio quedó incompleto en los distintos niveles electivos: 306 actas en el nivel presidencial, 2,620 en el de diputados y 1,848 en el de corporaciones municipales.
Ochoa sostuvo que el Congreso Nacional estaba facultado para ordenar que se completara el conteo y citó el artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República, que establece atribuciones del Legislativo para declarar determinadas elecciones cuando el órgano electoral no lo hace en tiempo y forma.
Por su parte, el exministro y aspirante presidencial Octavio Pineda expresó su solidaridad con los integrantes de la Comisión Permanente y condenó lo que considera una persecución contra sus compañeros de Libre.
Libre acusa un ataque político
Las críticas también fueron expresadas por el exministro de Planificación y Estrategia Ricardo Salgado, quien calificó el requerimiento fiscal como un ataque directo contra Libre.
Según Salgado, las acciones judiciales no responderían a criterios legales, sino a una disputa política vinculada con los acontecimientos que rodearon el Congreso Nacional en 2021. Además, señaló a Tomás Zambrano y Jorge Cálix como responsables políticos de una ofensiva contra la Comisión Permanente.
El exfuncionario defendió la actuación de sus integrantes, al asegurar que procedieron con patriotismo, y cuestionó lo que considera un trato desigual frente a otros casos en los que, según denunció, personas señaladas por delitos han recibido resoluciones favorables.
En tanto, el exdiputado de Libre Ramón Barrios afirmó, mediante una publicación en la red social X, que en Honduras existen dos formas de aplicar la ley: una para el Partido Nacional, al que reprochó sus antecedentes y señalamientos de corrupción y narcotráfico, y otra que, a su juicio, se aplica selectivamente contra los miembros de la Comisión Permanente por solicitar que se contaran todos los votos de las elecciones.
Umaña exige justicia sin distinciones
Una postura distinta expresó el diputado Carlos Umaña, quien consideró acertados los requerimientos fiscales contra quienes hayan cometido excesos, pero advirtió que también deben investigarse otros hechos que, desde su perspectiva, podrían constituir violaciones a la Constitución y a las leyes.
El congresista mencionó la reelección presidencial que calificó de ilegal, la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y diversos escándalos de corrupción, al reclamar que las investigaciones no se limiten a determinados sectores políticos.
“Todos los que mancillaron la Carta Magna lo merecen”, afirmó Umaña, quien advirtió que, si no se procede de manera equitativa, el caso podría terminar percibiéndose como un espectáculo político.
El requerimiento fiscal ha reavivado así la confrontación entre representantes de Libre y del Partido Nacional, mientras surgen cuestionamientos sobre la independencia y la aplicación equitativa de la justicia.
