- Acción del Ministerio Público contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral enciende alarmas a solo 19 días de los comicios; abogados advierten riesgo de vacío institucional y crisis democrática.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de tres semanas de las elecciones generales, Honduras enfrenta una sacudida institucional que amenaza con impactar directamente la estabilidad del proceso electoral.
El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusándolos de prevaricato judicial por presuntamente emitir resoluciones contrarias a ley en un caso de inscripción de candidatos.
La acción, oficializada este lunes 10 de noviembre, ha encendido alarmas dentro del gremio legal y en sectores políticos, que advierten una posible crisis sin precedentes en el órgano responsable de impartir justicia en materia electoral.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, calificó la situación como una “extrema gravedad institucional”.
Aseguró que, de derivar en medidas como la privación preventiva de libertad para los magistrados, el TJE quedaría “prácticamente desactivado”, dejando al país sin árbitro para resolver las controversias que pudieran surgir en el proceso poselectoral.
“Si se debilita o paraliza el órgano de justicia electoral, el país podría quedar sin una instancia competente para resolver controversias posteriores al proceso electoral, generando un vacío jurídico y político de enormes consecuencias”, advirtió Solórzano.
Señalamientos del MP
Según la Fiscalía, los magistrados habrían actuado de forma irregular al resolver una recusación en su contra y dictar sentencia sin convocar al tercer magistrado, rompiendo así el quórum legal.
Con esta supuesta maniobra, ordenaron la inscripción de dos aspirantes a diputados que habían sido previamente cuestionados.
De acuerdo con el MP, esta actuación constituye el delito de prevaricato judicial, una acusación que, si prospera, podría derivar en medidas cautelares severas.
Riesgo de vacío institucional
El escenario se agrava debido a la crisis en el Congreso Nacional, que actualmente enfrenta bloqueos para sesionar con normalidad.
Ante esta situación, el nombramiento de magistrados suplentes sería prácticamente inviable.
“El artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para su funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios”, recordó Solórzano. “Si estos magistrados son privados de libertad o suspendidos, el Tribunal quedaría paralizado”.
Democracia en juego
Solórzano subrayó que esta crisis va más allá del ámbito estrictamente legal. “La estabilidad democrática depende del respeto a la independencia de las instituciones, especialmente aquellas que garantizan la legalidad y la transparencia del proceso electoral”, dijo.
Agregó que debilitar al TJE en la antesala de unas elecciones generales “no solo genera incertidumbre, sino que expone al país a un caos poselectoral sin herramientas legales para resolver disputas”.
“Preservar la institucionalidad es preservar la democracia”, concluyó.
