TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal en contra del exministro de Salud (2010-2014), Arturo ‘Tuky’ Bendaña, varios exfuncionarios y representantes de empresas mercantiles por participar en un fraude de más de 224 millones de lempiras al Estado hondureño.
Tras la emisión del requerimiento fiscal, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó a Bendaña y a Vanessa María Urbizo en San Pedro Sula, según se conoció.
Mientras tanto, en Tegucigalpa capturaron a Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez y, en Danlí, a Carlos Octavio Rivas.
Según el comunicado del MP, los exfuncionarios involucrados incluyen a:
- Arturo Bendaña Pinel, exministro de Salud.
- Miguel Ernesto Flores Cisneros
- Moisés Torres López.
- Vinicio David Monterrosa Sierra.
- Roberto Carlos Meza Figueroa.
- Vanessa María Urbizo Escobar.
- Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez.
- Reynaldo Leiva Suazo.
- Carlos Octavio Rivas Sánchez.
A todos se les imputan los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
El requerimiento fiscal señala que entre 2010 y 2012 estos individuos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente denominada «extrafinanciamiento» para cometer los ilícitos.
Esta última era presentada como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito, con la finalidad de ocultar los fondos desviados.
El fraude se centró en la adquisición irregular de medicamentos, suministros médicos y equipo quirúrgico y de laboratorio, según el MP.
Como resultado, miles de hondureños se vieron privados de los insumos médicos necesarios, lo que afectó gravemente la atención en centros hospitalarios a lo largo del país.
Operación y encubrimiento
El documento de la Fiscalía también menciona que una parte significativa del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, quien mediante resoluciones favorables hacia las empresas involucradas, permitió que el Estado se viera forzado a pagar cifras infladas.
Estas resoluciones, según se indica, estaban respaldadas por actas e informes fraudulentos.
El MP concluyó que este caso evidencia un plan orquestado de corrupción que, bajo la apariencia de legalidad, desvió recursos críticos para la salud pública, afectando la vida de miles de hondureños.
