TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La falta de consensos en el Poder Legislativo para la elección del fiscal general y fiscal adjunto de la República ha evidenciado las profundas grietas entre la clase política hondureña, que en sus desavenencias continúa arrastrando a la población a la polarización e incertidumbre.
Tal como lo dicta la ley, el Congreso Nacional -como representante de la ciudadanía- tiene el deber de elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, cuyo rol en el actual contexto nacional será fundamental para garantizar una lucha frontal contra la impunidad durante el próximo lustro.
Esta misión es más importante que los desacuerdos y luchas de poder entre partidos políticos y sus representantes, por lo que hoy la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, se pronuncia en los siguientes términos:
1. Valoramos que, pese a no alcanzar un consenso la noche del jueves, no se registraron actos de violencia en el Hemiciclo, demostrando que el diálogo debe imperar como única vía para la consecución de acuerdos en beneficio de las y los hondureños.
2. Hoy, 1 de septiembre de 2023, tanto el fiscal general como el fiscal general adjunto han cesado de sus cargos al finalizar el período de cinco años (artículo 233 de la Constitución de la República) para el cual fueron electos en 2018, por lo que -como establece el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público corresponde asumir las riendas de la institución al director general de la Fiscalía.
3. Bajo el liderazgo provisional del director de fiscales, hacemos un llamado a los fiscales especiales y a todos los miembros del Ministerio Público a continuar trabajando con excelencia, en pro de la defensa de los derechos e intereses del país, para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia.
4. Considerar una salida alterna a lo que dicta la Constitución de la República y las leyes es inaceptable. Los diputados y diputadas del Congreso Nacional tienen la obligación legal y moral de respetar la institucionalidad para asegurar una elección transparente, basada en méritos e idoneidad, que fortalezca el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
5. Instamos a las fuerzas política a primar el diálogo y los intereses patrios en esta elección, a evitar politizar y contaminar el trabajo que constitucionalmente hace el Ministerio Público como representante de los intereses de la población.
Desde la sociedad civil organizada continuaremos vigilantes al desarrollo del proceso, haciendo uso del derecho de participación ciudadana que otorgan las leyes y velando por el cumplimiento de la ley y el bienestar de la población, para alcanzar una Honduras más justa.
