- Documento de 12 páginas detalla presuntas irregularidades del Ministerio Público en el proceso electoral 2025; este martes enfrenta audiencia clave en el Congreso tras su suspensión.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La denuncia que dio paso al juicio político y a la suspensión del fiscal general Johel Zelaya expone una serie de graves señalamientos que apuntan a presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en sus funciones y uso indebido del Ministerio Público durante el proceso electoral de 2025.
El documento —que será adjuntado de forma íntegra— sirvió de base para que el Congreso Nacional admitiera el recurso sustentado en el artículo 234 de la Constitución y en la Ley de Juicio Político, normativa que establece la destitución como sanción ante faltas graves de funcionarios públicos.
La audiencia pública está programada para este martes a las 2:00 de la tarde en el Congreso Nacional, donde Zelaya será interpelado por la comisión especial nombrada para conducir el proceso.
Señalamientos que sacuden la institucionalidad
Entre las acusaciones más relevantes, la denuncia detalla presuntas acciones que habrían afectado directamente la institucionalidad electoral y el Estado de Derecho, particularmente en relación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El documento señala intervenciones y citaciones al CNE que habrían alterado el cronograma electoral, así como la promoción de antejuicios y una supuesta persecución selectiva contra magistrados y consejeros electorales.
Asimismo, se cuestiona la divulgación de audios sin cadena de custodia y con señalamientos anticipados de culpabilidad, además del uso de medios de comunicación para incidir en el proceso electoral.
También se incluyen acusaciones por omisiones en investigaciones clave y una presunta aplicación selectiva de la acción penal, lo que habría generado un clima de intimidación institucional, debilitando la autonomía de los entes electorales y erosionando la confianza pública.
Violaciones a la Constitución
El recurso sostiene que Zelaya habría incumplido el artículo 232 de la Constitución, que garantiza la independencia del Ministerio Público, al permitir presiones externas y el uso político de la acción penal.
Además, se le acusa de no dirigir adecuadamente la institución, incurriendo en omisiones graves al no investigar hechos que ponían en riesgo el proceso electoral, mientras impulsaba acciones consideradas parciales y sin suficiente sustento.
Observación internacional refuerza señalamientos
La denuncia también incorpora hallazgos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que alertó sobre un ambiente electoral tenso en Honduras, marcado por injerencias políticas, presiones a autoridades electorales y uso de instituciones para desacreditar actores del proceso.
Entre los puntos señalados figuran intentos de manipulación electoral, retrasos en decisiones clave y cuestionamientos sobre la influencia de actores externos, incluyendo la participación de estructuras militares en la logística electoral.
Un juicio político que marca precedente
El inicio del juicio político contra Zelaya tomó por sorpresa a diversos sectores, ya que el escenario apuntaba inicialmente hacia un proceso contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa. Sin embargo, fue el fiscal quien terminó enfrentando primero este mecanismo.
La denuncia fue presentada por los diputados Jack Melem Uriarte, Santos Isabel Pérez, Frank Anthony Alley y Edgardo Rashid Mejía Giannini, lo que derivó en su admisión por el Congreso y en la suspensión cautelar del funcionario.
Juristas han señalado que esta medida no implica una condena anticipada, pero sí abre paso a una investigación formal que podría concluir con su destitución definitiva.
Casos polémicos bajo la lupa pública
En medio del proceso, resurgen casos que han marcado la gestión de Zelaya y que permanecen en la memoria colectiva. Entre ellos, el mantenimiento acéfalo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) durante el gobierno anterior, así como el mediático caso de adultos mayores acusados de conspiración contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
También destacan los controvertidos audios atribuidos a una consejera del CNE, además de señalamientos por la falta de avance en casos como el denominado “narcovideo” de Carlos Zelaya, el caso Koriun y el expediente conocido como “Chequesol”.
El desarrollo de la audiencia de este martes será clave para definir el rumbo de uno de los procesos más delicados en la historia reciente del país, que pone en el centro del debate el papel del Ministerio Público en la defensa del orden democrático en Honduras.
