• El jefe del Estado Mayor defiende la solicitud de actas al CNE bajo interpretación extensiva de los artículos 272 y 274, mientras respalda una Constituyente “para salvar la democracia”, desatando preocupación sobre el retorno del protagonismo político militar.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, sorprendió al expresar su respaldo a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, si esta —según sus palabras— busca “salvar la vida, los bienes y asegurar la prosperidad y la democracia” en Honduras.
Las declaraciones del alto mando marcan un giro significativo en el discurso institucional militar, que históricamente ha evitado pronunciarse sobre temas de reforma constitucional o procesos políticos.
Sin embargo, Hernández argumentó que su planteamiento responde a un interés por fortalecer la igualdad y la libertad, valores que considera “pilares de la justicia social y de la democracia”, y que —según dijo— han sido vulnerados por un sistema históricamente desigual.
“Si una Constituyente es para salvar vidas, bienes y asegurar la democracia, claro que la apoyaríamos. Pero todo debe hacerse en paz”, expresó el jefe castrense.
Fundamento constitucional para intervención electoral
Hernández también defendió la solicitud de copia de las actas electorales presidenciales al Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmando que la Constitución habilita a las Fuerzas Armadas no solo para custodiar y transportar el material electoral, sino para “intervenir en otros aspectos de la seguridad del proceso”.
El general invocó los artículos 272 y 274 de la Carta Magna como sustento de su posición, señalando que ambos otorgan a las FF.AA. la responsabilidad de garantizar la integridad territorial, la paz y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia.
“La Constitución de la República otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de intervenir en otros aspectos del proceso electoral, no solo en el transporte. Es una medida para evitar el robo de la voluntad popular”, declaró Hernández.
No obstante, su interpretación ha generado alertas en círculos jurídicos y democráticos, pues amplía el papel militar en el proceso electoral más allá del marco establecido, que históricamente ha sido estrictamente logístico y de resguardo físico.
Negación de vínculos partidistas
El jefe militar rechazó tener vínculos con la presidenta Xiomara Castro o el expresidente Manuel Zelaya, afirmando que su única lealtad es hacia el pueblo hondureño y la Constitución.
“No somos un actor político ni partidario. Nuestro mandato no es de grupo, es con la patria”, sostuvo Hernández.
Su intento por despejar sospechas de alineamiento político se da en medio de cuestionamientos públicos sobre la creciente influencia del poder Ejecutivo en las instituciones armadas.
Críticas a ex-jefes militares y al pasado
En tono inusualmente confrontativo, Hernández lanzó críticas a ex-jefes militares y actores políticos que, según dijo, “utilizaron a las Fuerzas Armadas con fines personales o de grupo”.
Recordó episodios de rompimiento constitucional, mencionando explícitamente “el fatídico 2009”, año del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, y aseguró que la institución no permitirá que se repita un escenario que vulnere el orden constitucional.
“La Constitución tiene mecanismos y salidas para restaurar el orden cuando este se rompe. Ya vivimos 2009, y no podemos repetirlo”, expresó.
Transparencia electoral y control institucional
Sobre la solicitud de actas, el general aclaró que no buscan acceder a información previa al conteo, sino a las copias firmadas por los partidos para “verificar junto al CNE la transparencia del proceso”.
“No es para conocer resultados anticipados, es para garantizar que no se robe la democracia”, justificó.
El jefe del Estado Mayor insistió en que las Fuerzas Armadas garantizarán “elecciones limpias y transparentes”, asumiendo un rol que —según expertos— podría redefinir los límites entre autoridad civil y militar en el contexto electoral.
Implicaciones para la institucionalidad democrática
Las declaraciones del general Roosevelt Hernández abren un debate delicado sobre la expansión del papel militar en los procesos democráticos, justo cuando el país se encamina a elecciones generales en medio de desconfianza política y polarización institucional.
El respaldo militar a una Asamblea Constituyente, sumado a la justificación constitucional de un papel más activo en la vigilancia electoral, introduce un nuevo factor de poder en la ecuación política hondureña.
Analistas consideran que este tipo de pronunciamientos reeditan un lenguaje peligroso que mezcla la seguridad nacional con la conducción política, un terreno que la historia reciente ha demostrado ser de alto riesgo para la democracia.
