- La exministra de Finanzas es acusada en el caso de los hospitales móviles; el recurso frena momentáneamente la causa mientras la Corte resuelve el fondo del recurso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, admitió un recurso de amparo presentado por la defensa legal de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, lo que suspende de manera temporal el proceso judicial que enfrenta por el caso de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia del COVID-19.
La información fue confirmada por el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Mélvin Duarte, quien explicó que se trata de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, interpuesto contra una resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
Con la admisión del recurso, la Sala de lo Constitucional ordenó la suspensión provisional de las actuaciones judiciales mientras se analiza el fondo del planteamiento legal.
La exfuncionaria es acusada por los delitos de fraude en calidad de cooperador necesario y violación de los deberes de los funcionarios, en el marco de las investigaciones relacionadas con la compra de hospitales móviles durante la emergencia sanitaria.
Según las autoridades, el perjuicio económico derivado de dichas adquisiciones asciende a más de 47 millones 512 mil 564 dólares, equivalentes a 1,174 millones 517 mil 764.33 lempiras.
Dentro del mismo expediente ya se registran condenas contra otros exfuncionarios vinculados al caso. El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, fue sentenciado a 10 años y 11 meses de prisión por el delito de fraude agravado.
En tanto, el exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, recibió una pena de inhabilitación especial por nueve años, cuatro meses y quince días, que le impide desempeñar cargos públicos, tras ser hallado culpable de violación de los deberes de los funcionarios.
La admisión del recurso de amparo no implica una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de la exministra, sino una medida provisional que mantiene suspendido el proceso judicial hasta que la Sala de lo Constitucional determine si procede o no la protección solicitada por la defensa.
