- La acción busca esclarecer por qué no se habría investigado una denuncia contra actuaciones de la Excomisión Permanente del Congreso vinculadas al proceso electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite un recurso de amparo contra actuaciones del exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, por la presunta omisión de investigar denuncias relacionadas con decisiones del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la Excomisión Permanente.
El abogado Leonel Núñez, promotor de la acción, confirmó que fue notificado de la admisión del recurso, con el que busca que se determine si el entonces titular del Ministerio Público incumplió sus obligaciones al no actuar oportunamente frente a los hechos denunciados
Piden expediente al Ministerio Público
Como parte del procedimiento, la Sala de lo Constitucional solicitó al Ministerio Público que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente correspondiente a la denuncia presentada por Núñez.
La documentación permitirá examinar los antecedentes del caso y continuar con el trámite antes de resolver si procede otorgar la protección constitucional solicitada.
El abogado explicó que la denuncia surgió tras cuestionar la aprobación de un decreto que solicitaba un recuento de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido una resolución sobre los resultados electorales.
A criterio del profesional del derecho, la falta de actuación de la Fiscalía frente a esos hechos motivó la presentación del amparo, cuyo propósito es establecer si existió una omisión en el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales del exfiscal general.
El caso podría derivar en otras acciones legales
Núñez sostuvo que, si durante el proceso se determina que hubo incumplimiento de deberes, podrían emprenderse otras acciones legales relacionadas con la actuación del exfuncionario.
Asimismo, vinculó el caso con las investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público contra diputados por decisiones que presuntamente habrían contravenido disposiciones constitucionales.
El abogado manifestó su disposición de comparecer ante la Fiscalía si es requerido para ratificar la denuncia o rendir declaración como denunciante o testigo.
La admisión del amparo no resuelve automáticamente la controversia sobre las atribuciones del Congreso Nacional y del CNE, ni establece que el decreto legislativo haya constituido un delito. Esos extremos deben distinguirse de la cuestión procesal que la Sala comenzó a examinar.
