La organización señala que la medida vulnera derechos fundamentales y ha sido prorrogada de forma ilegal.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) contra el estado de excepción que rige en el país desde diciembre de 2022.
La decisión, informada por el director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, representa un paso clave en el escrutinio judicial de una medida que ha generado amplio debate en la sociedad hondureña por su impacto en los derechos fundamentales.
El recurso fue presentado el pasado 5 de febrero de 2025 por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), brazo jurídico de la ASJ, y cuestiona la legalidad de los decretos ejecutivos PCM-29-2022 al PCM-30-2025, los cuales han servido de base para la suspensión de garantías constitucionales.
Entre las garantías afectadas, según la ASJ, se encuentran la libertad de asociación, de reunión, de circulación y la inviolabilidad del domicilio.
La organización sostiene que estas disposiciones no solo contravienen la Constitución de la República, sino también tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.
Uno de los principales señalamientos del recurso es la falta de cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que establece el artículo 187 de la Constitución para la implementación de estados de excepción.
Además, la ASJ denunció que la mayoría de las más de 20 prórrogas de la medida no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, lo que —a juicio de la organización— las convierte en ilegales y arbitrarias.
“La admisión del recurso representa un avance significativo para la revisión del estado de excepción y su impacto en las libertades ciudadanas”, declaró Castañeda, quien confía en que la Sala Constitucional emita una resolución favorable que ponga fin a lo que calificó como una prolongada restricción de derechos.
La ASJ ha reiterado su llamado a las autoridades para que se respete el marco constitucional y se privilegie el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos como pilares de la seguridad y la justicia en el país.
