TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declara ha lugar recurso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE´s), al considerar que vulneran atribuciones exclusivas de la Constitución de la República
En tal sentido, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 34 de forma «EX NUNC», es decir, desde su origen, lo que implica que sus efectos son retroactivos.
En su fallo, la Sala declaró inconstitucional el artículo 34 del Decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, aprobada por el Congreso Nacional el 12 de junio de 2013.
Se detalla que el artículo 34, según la abogada General de la UNAH, Aída Romero, infringía varios artículos de la Constitución, en particular aquellos relacionados con la Educación Superior.
El artículo 160 de la Constitución confiere a la UNAH la atribución exclusiva para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional en el país.
Sin embargo, el artículo 34 de la Ley de las ZEDEs permitía a estas zonas aplicar sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles, y además establecía que el ejercicio de las profesiones dentro de las ZEDEs no estaría condicionado a la colegiación o asociación.
Repercusiones del Fallo
Con esta resolución, la Corte Suprema ha reafirmado la supremacía de la Constitución sobre leyes y decretos que intenten socavar sus disposiciones fundamentales.
Este fallo podría tener implicaciones significativas para el futuro de las ZEDEs en Honduras, ya que cuestiona la legalidad de las políticas autónomas que estas zonas pretendían implementar, particularmente en el ámbito educativo.
El fallo también refuerza el rol de la UNAH como la institución central en la educación superior del país, asegurando que ninguna otra entidad, ni siquiera dentro de las ZEDEs, pueda imponer políticas educativas que contravengan las normas nacionales.
Este dictamen podría marcar un precedente importante para futuros casos que involucren conflictos entre la Constitución y las leyes específicas que regulan las Zonas Especiales de Desarrollo, subrayando la importancia de la educación superior como un derecho protegido constitucionalmente en Honduras.
