• La magistrada Isbela Bustillo adelantó que el fallo podría emitirse antes de las elecciones generales, mientras organismos civiles como la ASJ advierten que el régimen de excepción se ha prorrogado 24 veces sin cumplir los procedimientos de ley.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definirá en los próximos días si la implementación del estado de excepción en Honduras es legal o no, tras múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos sobre su prolongada vigencia.
La magistrada Isbela Bustillo, integrante de la Sala, informó que se espera una resolución antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, en atención a la presión pública y a los recursos interpuestos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
“Esperaríamos que pudiera ser antes de los procesos electorales y, por supuesto, ante este llamado de la población y varios organismos, estamos con la intención de acelerar el conocimiento del mismo. Pero recordando también que somos un cuerpo colegiado y que somos cinco magistrados los que conocemos estos recursos”, explicó la magistrada Bustillo.
Un fallo esperado en medio del desgaste institucional
El estado de excepción fue decretado por el gobierno bajo el argumento de combatir la criminalidad, pero desde su aprobación en diciembre de 2022 ha sido extendido 24 veces, generando críticas por su uso prolongado y por los procedimientos irregulares que lo acompañan.
Diversas organizaciones han advertido que la medida se ha convertido en una herramienta de control social, con impactos negativos en las garantías constitucionales y sin resultados sostenibles en materia de seguridad.
ASJ: “El estado de excepción no puede ser permanente”
La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presentó ante la Sala Constitucional un recurso con solicitud de suspensión del acto reclamado, argumentando que la política de seguridad ha derivado en violaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la libertad de circulación, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Según la ASJ, las reiteradas extensiones del régimen sin cumplir los procedimientos legales establecidos en la Constitución representan una ruptura del orden democrático y debilitan la confianza en el Estado de derecho.
El organismo enfatizó que la seguridad ciudadana no puede sostenerse sobre la suspensión de garantías constitucionales, sino sobre el fortalecimiento institucional y la investigación criminal efectiva.
El debate jurídico y político
El fallo de la Sala Constitucional podría tener importantes repercusiones políticas a pocas semanas de los comicios generales, especialmente si el tribunal determina que el decreto carece de sustento legal o excede las atribuciones del Ejecutivo.
Expertos en derecho constitucional señalan que un pronunciamiento que declare ilegal el estado de excepción pondría en entredicho la política de seguridad del gobierno y abriría la puerta a acciones legales por detenciones arbitrarias y abusos cometidos bajo su vigencia.
Mientras tanto, la población y las organizaciones de derechos humanos mantienen la expectativa sobre una decisión que podría marcar un precedente histórico en la defensa de las libertades ciudadanas y el equilibrio de poderes en el país.
La Sala Constitucional enfrenta uno de los fallos más sensibles de los últimos años, entre el clamor ciudadano por el respeto a los derechos humanos y la presión política de un gobierno que ha hecho del estado de excepción su bandera de seguridad.
La magistrada Bustillo reiteró que el proceso se encuentra en fase final y confió en que la resolución se emita “en los próximos días”, antes del proceso electoral.
“Los recursos llevan su curso, pero esperamos que pronto pueda haber una resolución”, concluyó.
