- Sectores buscan consenso para aprobar el reajuste entre febrero y marzo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Este miércoles se instalan las mesas de diálogo entre representantes de la empresa privada, el sector trabajador y el Gobierno para negociar el reajuste al salario mínimo, en un proceso que las autoridades reconocen presenta retrasos respecto al calendario habitual.
El viceministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Discua, explicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será la base técnica para iniciar las discusiones, mientras que la institución actuará como garante del proceso tripartito.
Base técnica para la negociación
Discua detalló que tanto los trabajadores como los empresarios presentarán sus estudios y propuestas sustentadas en datos como:
- Inflación acumulada
- Índice de Precios al Consumidor (IPC)
- Niveles de pobreza
- Otros indicadores económicos
Posteriormente, se abrirá el diálogo formal entre los sectores con el objetivo de alcanzar un acuerdo por consenso.
El funcionario reconoció que el proceso va con retraso, por lo que la meta es aprobar el nuevo salario mínimo entre finales de febrero y los primeros días de marzo.
Posible decisión del Ejecutivo
En caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, la decisión podría escalar al Poder Ejecutivo. No obstante, Discua manifestó su expectativa de que el ajuste salarial sea definido mediante consenso, como resultado del diálogo técnico y social.
“No es aumento, es reajuste”
Por su parte, el representante del sector obrero, José Luis Baquedano, sostuvo que la propuesta de los trabajadores busca que el ajuste responda al costo real de la vida.
“No es un aumento, es un reajuste con el IPC que no llega a cubrir las necesidades del trabajador”, expresó.
Baquedano subrayó que el incremento debe reflejar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, especialmente ante el encarecimiento de productos básicos y servicios.
La negociación del salario mínimo se desarrolla en un contexto económico marcado por el comportamiento de los precios y la necesidad de equilibrar la sostenibilidad empresarial con la protección del ingreso de miles de trabajadores hondureños.
