TEGUCIGALPA, HONDURAS.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberá tomar una decisión crucial en relación al recurso de inconstitucionalidad presentado sobre el decreto 04-2022 de amnistía política.
Según Solórzano, existen tres posibles resoluciones que la Corte podría adoptar. La primera opción es que se declare sin lugar el recurso, lo que significaría que la Corte desestimaría el decreto. «Creo que la votación podría llegar a ser reñida, posiblemente 8 a 7 en contra», comentó Solórzano.
La segunda alternativa es que la Corte declare el recurso con lugar. «Bajo este escenario, existen dos términos en latín que se podrían aplicar: ex nunc o ex tunc. Personalmente, veo muy remota la posibilidad de que se declare con lugar y con efecto retroactivo (ex tunc), lo que estaría descartado.
La opción de una declaración con efecto a partir de ahora (ex nunc) la veo con cierta probabilidad, aunque muy baja», agregó.
La tercera disyuntiva es que la Corte declare la inconstitucionalidad parcial del decreto. Solórzano reconoció que, aunque hubo perseguidos políticos tras los sucesos de 2009, también ha habido casos en los que individuos involucrados en delitos comunes y corrupción se han beneficiado de la amnistía. «Esto es impunidad», afirmó.
«La mejor salida sería declarar la inconstitucionalidad, incluso parcial, eliminando aquellos delitos que no están relacionados con la política y presentando el decreto como lo que realmente es», insistió Solórzano.
Además, advirtió sobre el peligro que representa este precedente para el futuro político del país.
«Hay que tener mucho cuidado, porque esto puede ser utilizado de manera inapropiada por la clase política, especialmente por aquellos sin principios», comentó, refiriéndose a la posibilidad de que los partidos políticos utilicen amnistías para evadir la justicia.
Solórzano también enfatizó que la Corte Suprema de Justicia tiene una gran responsabilidad en este momento, ya que su decisión influirá en la lucha contra la corrupción en Honduras, que implica la venida de la CICIH.
«Si declaramos sin lugar la inconstitucionalidad, estaríamos diciendo adiós a cualquier mecanismo de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país», advirtió.
Para finalizar, destacó la mala imagen que Honduras tiene en materia de seguridad jurídica, lo cual afecta los índices internacionales que califican al país.
«Es esencial que la Corte actúe con responsabilidad y a favor del Estado de derecho», concluyó Solórzano.
