- La exfiscal alerta que Policía y FF.AA. aplican un decreto sin validez y advierte posibles violaciones a derechos humanos previo a las elecciones
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La exfiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, afirmó que el estado de excepción decretado durante el proceso electoral carece de validez jurídica porque no fue ratificado por el Congreso Nacional, como establece la Constitución de la República.
Ponce respaldó el análisis del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH, que concluyó que el decreto fue aprobado de manera irregular y que no cumplió con los requisitos constitucionales.
“El artículo 187 de la Constitución es claro: cualquier suspensión de garantías debe contar con la concurrencia del Congreso. Sin esa ratificación, el decreto no tiene ninguna validez”, aseguró la abogada.
Derechos constitucionales siguen vigentes, afirma la exfiscal
Ponce recalcó que, al no haberse ratificado el decreto, los derechos fundamentales como:
- la libre circulación,
- la inviolabilidad del domicilio,
- y la libertad personal, continúan plenamente vigentes.
En ese sentido, recordó que varios ciudadanos ya presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y urgió al Poder Judicial a pronunciarse “con celeridad” para brindar certeza jurídica a la ciudadanía antes del 30 de noviembre.
Corte, Congreso y Policía bajo presión institucional
La exfiscal explicó que el Congreso Nacional actuó conforme a derecho al reunirse con el quórum legal —más de la mitad más uno de los diputados— y reprobar el decreto.
Desconocer esa resolución, advirtió, representa “una alteración del orden constitucional”, lo cual está sancionado por la propia Carta Magna.
Pese a ello, Ponce denunció que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas continúan aplicando el estado de excepción, práctica que calificó como ilegal y peligrosa.
“Si detienen personas o allanan domicilios, incurren en violaciones a los derechos humanos”, afirmó, señalando que los funcionarios no podrán ampararse en la figura de obediencia debida para eludir responsabilidades.
La Policía está obligada a evaluar la legalidad de sus órdenes
Ponce enfatizó que la Policía, por tratarse de una autoridad civil, tiene el deber de analizar la legalidad de las órdenes que recibe y desobedecer aquellas que contradigan la Constitución.
“Nadie puede alegar ignorancia de la ley”, subrayó, remarcando que actuar al margen de la normativa puede derivar en responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias.
Llamado urgente a la Corte Suprema
Finalmente, Ponce reiteró su llamado para que la Corte Suprema convoque de inmediato al pleno y resuelva el recurso de revisión que determinará la legalidad del decreto.
“La ciudadanía merece claridad y el proceso electoral necesita certeza”, concluyó.
