- El jefe de bancada de Libre asegura que la violencia bajó drásticamente, pero expertos cuestionan la falta de datos verificables y alertan sobre el abuso de medidas de excepción
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, defendió este lunes la continuidad del estado de excepción al asegurar que la medida ha reducido de manera significativa los niveles de violencia en el país.
Según el congresista, producto de la estrategia impulsada por el Ejecutivo, “la tasa de homicidios ha bajado de un 85% al 23%”, una afirmación que, sin embargo, no presentó con respaldo técnico ni fuentes oficiales que la sustenten.
Un discurso político en defensa del Ejecutivo
Sarmiento afirmó que el Congreso Nacional tiene la obligación de “acompañar las políticas en materia de seguridad que define el Poder Ejecutivo” y que dentro de estas se incluye la suspensión parcial de garantías constitucionales.
“Nuestra obligación en el Congreso Nacional es acompañar las políticas en materia de seguridad que define el Poder Ejecutivo. Parte de estas políticas son estos mecanismos de suspensión de garantías que no son totales, son parciales. Hay derecho a la locomoción y los resultados son evidentes: la tasa de homicidios ha bajado del 85% al 23%. Esos son hondureños que viven, trabajan todos los días en paz, y también ha bajado la extorsión”, manifestó.
El legislador subrayó que en el Legislativo se debe buscar el consenso necesario para ratificar la extensión del estado de excepción y dar certeza de que las medidas cuentan con respaldo político.
Cifras bajo cuestionamiento
Aunque el discurso de Sarmiento resalta supuestos logros, expertos en seguridad y analistas cuestionan que desde el oficialismo se repitan cifras sin ofrecer evidencia verificable.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni el Observatorio de la Violencia de la UNAH han confirmado una reducción porcentual tan drástica como la que aseguró el diputado.
La ausencia de transparencia en la publicación de estadísticas oficiales alimenta las dudas sobre la efectividad del estado de excepción, una medida que se ha prorrogado en múltiples ocasiones desde finales de 2022 sin que se logre frenar de raíz problemas como la extorsión y el crimen organizado.
Derechos fundamentales en riesgo
La ampliación constante del estado de excepción también ha despertado alertas en sectores de derechos humanos, que advierten que la suspensión parcial de garantías puede abrir la puerta a abusos de autoridad y a la criminalización de comunidades enteras, especialmente en barrios y colonias pobres.
En ese sentido, el debate en el Congreso no solo gira en torno a los votos necesarios para ratificar la medida, sino también a la legitimidad de mantener un país gobernado bajo regímenes de excepción de manera casi permanente.
