FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
En Honduras nunca se ha aplicado un juicio político, por lo que marcar un precedente sería fundamental para establecer que toda autoridad cuya conducta se aparte del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus derechos y garantías, señaló la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Puntualizó que, el juicio político, incorporado a la Constitución en 2013, representa hoy la herramienta constitucional que permite ejercer control, garantizar responsabilidades y proteger la democracia.
Además, especificó que, esta figura no surgió de manera improvisada, sino como respuesta a experiencias graves que evidenciaron la necesidad de un marco regulatorio sólido. Entre ellas mencionó el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, así como la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2012.
Destacó que, antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de las más altas autoridades del Estado, lo que dejaba a la ciudadanía sin garantías frente a decisiones que pudieran afectar el interés público.
Sin embargo, con el primer caso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la existencia de un juicio político habría permitido una salida pacífica y jurídica a la crisis.
Mientras que, en el segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras carecía de una regulación precisa, garantías y contrapesos claros para la destitución de altos funcionarios, condenando al país por violaciones a derechos humanos, enfatizó.
Por tanto, a partir de estos antecedentes, el Congreso Nacional (CN), estableció la figura del juicio político en 2013, incorporándola en la Constitución. No obstante, Castellanos indicó que sigue pendiente la reforma de la ley especial para adecuarla plenamente a los estándares y mejores prácticas internacionales en materia procesal.
Asimismo, subrayó que, el juicio político aplica a funcionarios de alto nivel como el presidente de la República, designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados, alcaldes y otros servidores públicos nombrados por el Poder Legislativo. Se trata de un proceso regulado por ley, que contempla etapas de denuncia, investigación, derecho a la defensa y votación.
Concluyó que, “se está pensado para proteger el interés público y garantizar que ninguna decisión, actuación u omisión sea arbitraria; hablar de juicio político es hablar de justicia”.
