TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un total de 16 departamentos de Honduras fueron escenario de, al menos, 65 masacres, de tres o más víctimas que dejaron unas 278 personas muertas, desde que se puso en vigencia el estado de excepción, en diciembre del 2022, reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que demandó mayor seguridad e investigación para que estos crímenes no queden en la impunidad.
La situación es de tal magnitud que, en diciembre del 2022, se registraron 5 muertes múltiples, a las que se suman otras 44 en el 2023 y, al menos, 16 en lo que va del 2024.
Alrededor de 173 hombres, 85 mujeres, 14 niños y 6 niñas perdieron la vida en circunstancias violentas en las 65 masacres registradas desde diciembre del 2022.
En esta radiografía de la inseguridad que se vive en el país, Francisco Morazán fue escenario de 13 muertes múltiples, seguida por Cortés con 11, Yoro 9, Comayagua 5, Colón 5, Olancho 4, Atlántida 3, Santa Bárbara 3, con 2 cada uno figuran, Copán, Intibucá, Lempira y Valle.
Como parte de los hallazgos se determinó que, de las 64 muertes múltiples, en 58 de ellas se registró la muerte de uno o varios hombres, mientras que, en 27, la muerte violenta de una o más mujeres.
Otras de las preocupaciones del CONADEH es que, en más de una docena de muertes múltiples, entre las víctimas también figuraban niños y niñas.
En, al menos, seis masacres, que tuvieron como escenario Puerto Cortés en Cortés; PNFAS, Guaimaca y Cedros, en Francisco Morazán, Yoro e Islas de la Bahía, las víctimas eran mujeres.
Más de medio centenar de personas muertas violentamente en el 2024
En las últimas horas se reportaron dos masacres, una en Santa María del Real, Olancho y la otra entre los municipios de Guaimaca y Talanga, en el central departamento de Francisco Morazán, con un saldo de seis personas muertas.
Los 16 hechos de muertes múltiples registrados por el CONADEH, en el 2024, revelan que más de medio centenar de personas perdieron la vida violentamente, de las cuales 40 eran hombres, 7 mujeres, 3 niñas y 3 niños.
El 28 de junio del 2024, cinco personas desaparecieron en el barrio Mirador de Oriente, sus cuerpos fueron encontrados en un lugar montañoso entre las comunidades de Tatumbla y El Zamorano
El pasado 17 de julio, en un sector solitario de Santa María del Real, departamento de Olancho, perdieron la vida tres personas que fueron atacadas a balazos por desconocidos. Preliminarmente se conoció que los jóvenes salieron a comprar comida y no regresaron a su centro de trabajo en la Universidad Nacional de Agricultura de Olancho.
Horas después se reportó una nueva masacre entre los municipios de Guaimaca y Talanga, preliminarmente se conoció que el hecho violento dejo tres víctimas muertas sin que se conozcan las causas.
Muertes múltiples, parte del capítulo de la violencia homicida
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre se solidarizó con los familiares de las víctimas y lamentó que cada día más personas sigan perdiendo la vida en circunstancias violentas en el país.
“El Estado hondureño tiene el deber de garantizarle a la población su derecho a la seguridad y, en particular, el derecho a la vida”, expresó.
Lamentó el alto grado de impunidad con que actúan quienes se dedican a cometer este tipo de hechos violentos contra la vida de las personas.
La defensora de los derechos humanos recomendó a las autoridades hondureñas abrir una investigación seria sobre el capítulo de las muertes múltiples de personas en el país y evitar que las mismas queden en la impunidad.
El fenómeno de las muertes múltiples o masacres se ha incorporado y es parte del capítulo de la violencia homicida que afecta el territorio nacional.
El clima de terror que se vive en el país es el “abono” para que muchas familias hondureñas se estén desplazando forzadamente de sus lugares de residencia por temor a perder sus vidas.
En diciembre del 2022, el gobierno hondureño adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, por medio del cual se determinó la suspensión de varias garantías constitucionales y se instituyó un estado de excepción
para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, dar con los responsables de delitos como la extorsión, preservar la vida, restablecer la paz y el orden público.
