FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Durante su discurso en la instalación de la Primera Legislatura 2026-2030, y la exposición de los logros del Poder Judicial en 2025, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),Rebeca Ráquel Obando, posterior a felicitar a los 36 diputados que conforma el pleno del Congreso Nacional (CN), solicitó que, apoyen las reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
A la vez, les exhortó a levantar la voz con dignidad en ese espacio donde se toman las decisiones que transforman el país.
Destacó que, cada año se reciben 15 mil denuncias por violencia de género con más de 10 mil acciones judiciales el año pasado, sin embargo, son insuficientes para dar respuesta a las mujeres.
Especificó que, “en Honduras las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”.
Seguidamente, puntualizó que, en el año anterior, hubo 262 muertes violentas de mujeres, de las que el 50 fueron judicializadas y apenas 10 de los casos declarados como feminicidios.
Pidió no normalizar la violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas.
Aludió que, desde el Poder Judicial, se creó el Observatorio de Justicia y Género para ofrecer respuestas inmediatas al flagelo que le arrebata la vida a las féminas.
Demandó a los diputados apoyar el paquete de reformas de la Ley Especial contra la Violencia Doméstica que fue trabajado con distintos operadores de justicia y sociedad civil.
Asimismo, enumeró que, existen instrumentos elaborados por el Poder Judicial como ser el Registro de Deudores Alimentarios y en un año de su vigencia ya se registran 60 deudores morosos.
Relató que, en 2025 hubo 45 mil 135 casos penales lo que representa un incremento del 20 por ciento.
Añadió que, en materia penal ingresaron 45 mil 135 casos, lo que representa un incremento del 20 por ciento en comparación con el año anterior, destacando entre los delitos de mayor incidencia, el tráfico de drogas y el maltrato familiar.
Estimó que, se fortaleció la capacidad institucional creando el Circuito Judicial de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, logrando reducir la mora y agilizar los procesos, con tiempos de espera para realizar un juicio oral y público que han disminuido de 4 años a 7 meses, y reduciendo en 95 por ciento el vencimiento de la prisión preventiva.
Resaltó que, desde el 2023, a la fecha hemos llevado a cabo 9 mil 707 audiencias virtuales y 2 mil 876 asistencias legales remotas. Se fortaleció la Defensa Pública, en el 2025 se atendió a 40 mil 919 personas y mejoramos el servicio al ampliar el sistema electrónico de seguimiento de casos.
Mientras en materia laboral, en el 2025 ingresaron 6 mil 338 nuevos casos, concentrándose la mayor carga en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, siendo las demandas contra el Estado las que representan entre el 51 y 56 por ciento de los juicios anuales, pero en años de transición gubernamental estas superan el 80 por ciento, originadas por despidos en entidades centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y autónomas.
Desde el año 2022 a la fecha se han iniciado 9 mil 709 juicios laborales contra el Estado, principalmente por reintegro y pago de prestaciones, “ante esta realidad, hacemos un respetuoso llamado a los funcionarios que dirigen las instituciones del Estado a actuar con estricto apego a la ley en los procesos de despido. Es urgente priorizar la conciliación para contener esta problemática que representa una carga económica para el Estado”, refirió.
Desglosó que, la CSJ, por medio de las diferentes salas se emitió 2 mil 361 resoluciones y conoció 15 solicitudes de extradición, de las cuales fueron resueltas 11 durante el año 2025 y cuatro se encuentran pendientes de captura.
Resaltó que, la integridad judicial, del 2023 a la fecha se han sancionado disciplinariamente a 543 servidores judiciales y se han remitido 48 expedientes al Ministerio Público; porque la integridad no se negocia: quien actúe al margen de la ley, tengan la certeza que enfrentará consecuencias.
“La realidad es contundente, en los últimos tres años hemos recibido en promedio 120,000 casos anuales, con un incremento del 9%, y aun bajo esa presión creciente resolvemos alrededor de 89,000 casos cada año. Estas cifras reflejan compromiso y resultados, pero también evidencian una realidad: la demanda de justicia crece y la capacidad instalada no puede expandirse sin inversión”, describió.
Confió en el compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizando al Poder Judicial la asignación constitucional no menor del 3 por ciento de los ingresos corrientes, como base mínima para responder a la justicia que el país exige.
“Seguiremos trabajando con transparencia, integridad y firmeza, convencidos de que no hay democracia sin justicia, ni justicia verdadera sin independencia judicial. Sin temor, ni favor”, finalizó.
