• Designada presidencial revela doble pago, aumentos salariales y una Caja Única del Tesoro “casi en las latas”
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La designada presidencial María Antonieta Mejía reveló este sábado una serie de hallazgos preliminares sobre el estado en que la administración entrante recibió las finanzas públicas, denunciando doble pago, aumentos salariales desproporcionados y un grave deterioro de la Caja Única del Tesoro durante los últimos meses del gobierno saliente.
Mejía afirmó que, contrario a lo anunciado públicamente, sí se pagaron indemnizaciones y se autorizaron incrementos salariales significativos, pasando —en algunos casos— de 25 mil a 70 mil lempiras. “Dijeron que no iba a pagar indemnizaciones y sí se pagaron; es una grosería lo que hicieron”, expresó.
La funcionaria también denunció que la administración de Xiomara Castro no entregó los códigos de acceso de todos los sistemas del Estado, lo que ha complicado los procesos de transición y verificación.
A ello se suma, según Mejía, un manejo irregular de recursos en diciembre y enero, cuando “empezaron a hacer pillerías con el dinero”, dejando las finanzas públicas en condiciones críticas.
En entrevista, la designada presidencial detalló que no se pagaron salarios a amplios sectores, incluidos estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y maestros, ni tampoco a proveedores del Estado.
“No se le ha pagado absolutamente a nadie. Simplemente lo que hicieron es recetarse con la cuchara grande”, insistió, al señalar que estas decisiones agravaron el deterioro de la Caja Única del Tesoro.
Mejía resumió el panorama heredado como una crisis transversal: “Hay problemas en infraestructura, en el sector energético, en salud, en las transferencias a los gobiernos locales; hay problemas en todo, y todo requiere recurso económico”. Aseguró que el gobierno demostrará estos hallazgos conforme avancen las auditorías.
La funcionaria informó que el nuevo gobierno ya realiza gestiones para recuperar los códigos de acceso de los sistemas estatales y avanzar con los procesos administrativos necesarios para regularizar pagos pendientes, subrayando que no se trata de falta de voluntad, sino de las condiciones reales en que se recibió el Estado.
Finalmente, Mejía reiteró que la administración entrante actuará conforme a la ley y los procedimientos formales, para honrar los compromisos pendientes y restablecer el orden financiero, en un contexto que —advirtió— exigirá transparencia, auditorías y decisiones responsables para corregir el rumbo.
