- Traslado del fiscal a la escuela del Ministerio Público abre debate sobre resultados, sesgos y necesidad de nuevos liderazgos en la lucha anticorrupción
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
A criterio del abogado Juan Carlos Berganza, el ahora exjefe de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, deja el cargo “con más pena que gloria”, tras varios años al frente de una de las unidades más emblemáticas en la persecución de la corrupción en Honduras.
La valoración surge luego de que, en las últimas horas, el Fiscal General Johel Zelaya anunciara el traslado de Santos a la escuela de formación del Ministerio Público, una decisión que ha generado reacciones encontradas en el ámbito jurídico y político.
Según Berganza, durante la gestión de Santos en la UFERCO apenas se obtuvo un caso ganado, el cual —advirtió— no cuenta con sentencia firme, por lo que su efectividad real aún está en entredicho. “Los resultados no acompañan el discurso”, sostuvo el abogado, al tiempo que cuestionó la solidez de varias de las acusaciones impulsadas por el fiscal saliente.
En ese sentido, Berganza señaló que muchos de los requerimientos presentados por la UFERCO fueron infundados o carecieron de sustento jurídico sólido, e incluso afirmó que algunas acciones evidenciaron un posible sesgo político, lo que, a su juicio, debilitó la credibilidad de la unidad anticorrupción.
No obstante, el jurista aclaró que espera que la decisión del Fiscal General no responda a motivaciones ajenas a la institucionalidad, sino que esté orientada a mejorar el desempeño del Ministerio Público y fortalecer su papel en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, Berganza abogó por el impulso de nuevos liderazgos dentro de la Fiscalía hondureña, capaces de recuperar la confianza ciudadana y representar con responsabilidad a la sociedad, recordando que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la acción penal y, por tanto, debe actuar con rigor técnico, independencia y sin agendas políticas.
La salida de Santos de la UFERCO reabre así el debate sobre los resultados concretos de la política anticorrupción, la independencia del ente acusador y los retos pendientes para garantizar justicia efectiva en los casos de alto impacto en Honduras.
