FRANCISCO MOAZÁN, HONDURAS.
A pesar de algunos avances puntuales, los problemas estructurales persisten y han empeorado en varios aspectos en la gestión del Poder Judicial, señaló el abogado constitucionalista, Javier Sandoval.
De acuerdo con el jurista, la mora judicial no solo sigue siendo un problema, sino que en algunas áreas ha aumentado, dejando al pueblo hondureño sin acceso oportuno a la justicia.
“Lo más visible que han trabajado han sido los casos políticos, pero los problemas generales permanecen o se han agravado”, remarcó.
Especificó que, el caso del área laboral, es una de las más sensibles debido a que afecta principalmente a personas asalariadas de bajos recursos, “en el Juzgado de Trabajo, en lugar de mejorar, se ha reducido la capacidad de atención. Actualmente hay más de 8,000 demandas laborales contra el Estado que no han sido tramitadas en esta administración”.
A la vez, criticó la constante suspensión de audiencias en estos juzgados, muchas veces por razones insignificantes, lo que lleva a reprogramaciones de hasta dos años, “parece que buscan postergar estos casos para que sea un futuro gobierno el que responda. Esto solo genera un mayor perjuicio económico para el Estado”.
Asimismo, indicó que, estas demandas suelen surgir por despidos injustificados motivados por razones políticas, reemplazando a trabajadores por activistas partidarios, “el retraso no solo incrementa la mora judicial, sino que también agrava el impacto financiero, con crecientes obligaciones económicas para el Estado”.
Además, denunció que, el sistema judicial ha sido utilizado para perseguir a jueces, mencionando como ejemplo el caso de la jueza, Karla Romero, “ella fue víctima de acciones de persecución, pero eventualmente tendrá que regresar al Poder Judicial”.
Advirtió que, muchas demandas no resueltas terminan llevándose al ámbito internacional, donde regresan con sentencias que implican pagos millonarios para el Estado hondureño.
El sistema judicial actual responde más a mandatos políticos que a las necesidades de justicia del pueblo. El Poder Judicial no está actuando conforme a lo que la justicia requiere, sino bajo intereses políticos, lo que sigue dañando la confianza ciudadana en las instituciones, concluyó
