- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción dijo que no ve a Nelson Licona como una amenaza “por ahora”, pero dejó claro que defenderá la independencia del organismo ante cualquier intento de injerencia política.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó a la elección de Nelson Licona como nuevo coordinador del Comité Ejecutivo, un nombramiento que ha despertado preocupación por los vínculos políticos del funcionario con el oficialismo.
“No lo siento como una amenaza, pero si llega a hacerlo, lo denunciaré”, advirtió Castellanos durante su intervención, dejando entrever que el relevo en la coordinación podría poner a prueba la autonomía del organismo anticorrupción más influyente del país.
“El tema aspiracional es que nos permitan trabajar con total independencia”
Castellanos expresó su disposición a colaborar con Licona, aunque fue enfática en que el CNA debe seguir operando sin interferencias.
“El tema aspiracional es que nos permitan trabajar como hasta la fecha, con total independencia”, sostuvo, al tiempo que recordó que las investigaciones del CNA se realizan sin conocimiento previo de los miembros de la asamblea, precisamente para garantizar la imparcialidad del trabajo técnico.
Pese a mostrarse abierta al diálogo, la directora reconoció un “grado de preocupación” sobre la autonomía institucional tras la llegada del nuevo coordinador, cuya elección estuvo marcada por un voto dividido y la sorpresiva intervención del representante de la Iglesia Católica, Javier Suazo, quien propuso a Licona para el cargo.
Un coordinador con perfil político cercano al oficialismo
Nelson Licona, quien sustituye a Juan Carlos Sikaffy al frente del Comité Ejecutivo, es el actual director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), una organización identificada como afín al partido Libre.
Además, fue funcionario cercano al expresidente Manuel Zelaya durante su administración (2006–2009).
Su elección contó con el respaldo de las organizaciones sociales alineadas con el gobierno, entre ellas la AMHON, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH).
De las nueve organizaciones que integran la asamblea, cinco votaron por Licona y cuatro respaldaron la continuidad de Sikaffy.
El resultado evidenció una fractura interna y un posible reacomodo de fuerzas políticas dentro del ente.
“Si hubo componendas, no lo sabía”
Al ser consultada sobre posibles acuerdos externos o presiones políticas para imponer al nuevo coordinador, Castellanos respondió con cautela: “Si hubo componendas, no lo sabía y espero que no sea el caso”, dijo, subrayando que su compromiso sigue siendo con la transparencia y el interés ciudadano, no con sectores políticos.
Asimismo, recalcó que el nuevo coordinador tiene ciertas potestades, pero debe actuar en conjunto con la asamblea, no de forma unilateral.
“Las decisiones se toman en coordinación, así lo establecen los estatutos”, recordó.
El CNA frente a un nuevo desafío institucional
Castellanos destacó que el Consejo mantiene su agenda de trabajo, incluyendo una serie de actividades en el marco del proceso electoral de 2025, programado para el 30 de noviembre.
Sin embargo, las tensiones internas y el contexto político han encendido alertas entre sectores de la sociedad civil, que temen que la independencia del CNA —una de las pocas instituciones críticas frente al poder— pueda verse comprometida.
“Se denunciará lo que se tenga que denunciar”, reafirmó Castellanos, dejando claro que su papel al frente del organismo no cambiará pese a los movimientos en la cúpula del Comité Ejecutivo.
Un equilibrio frágil
La llegada de Licona abre una etapa de incertidumbre para el CNA. Mientras el nuevo coordinador promete fortalecer la coordinación interna, la sombra de la influencia política y la cooptación institucional vuelve a sobrevolar al ente que ha denunciado casos de corrupción en los más altos niveles del gobierno.
Por ahora, Gabriela Castellanos mantiene su postura firme: la independencia del CNA no es negociable.
Pero su advertencia inicial —“si se convierte en una amenaza, lo denunciaré”— resume la fragilidad del equilibrio entre autonomía y control en una institución clave para la rendición de cuentas en Honduras.
