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jueves, noviembre 21, 2024
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Siete casos de corrupción le han costado a Honduras más de 3,500 millones de dólares, revela el FOSDEH

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) presentó este miércoles, su más reciente estudio denominado “33 años de Corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.  Acciones que vienen”.

En el mismo destacan que en siete casos emblemáticos de corrupción en Honduras, han representado una pérdida para el Estado de alrededor de 3,500 millones de dólares.

En la exhibición se hizo mención de casos muy conocidos como el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el fallido “Trans-450”, entre otros como la compra de los hospitales móviles durante la pandemia.

“El monto estimado de sólo siete casos de corrupción en Honduras da tres mil 500 millones de dólares -es decir, unos 87 mil 500 millones de lempiras-, lo que da una pista de cuán grande es el fenómeno”, reveló Rodulio Perdomo, consultor asociado del FOSDEH.

La investigación evidencia cómo la corrupción ha penetrado profundamente en todos los niveles de gobierno y sectores estratégicos, desde la administración pública hasta el narcotráfico, consolidando una cultura de permisividad que perpetúa este fenómeno.

Asimismo, exhibe el costo económico, político y social de la corrupción y presenta propuestas concretas para avanzar hacia sistemas de gobernanza más transparentes y justos.

El informe resalta que la corrupción no solo se ha normalizado en las dinámicas sociales y políticas, sino que también se ha integrado en el sistema democrático de países del “Triángulo Norte” como Guatemala, El Salvador y Honduras.

Perdomo considera ante dicho flagelo que el Ministerio Público debería contar con el triple del presupuesto y auditores asignados para perseguir y combatir la corrupción. 

El economista es de la opinión que la sociedad civil debe permanecer más vigilante ante un fenómeno que parece haber normalizado su actuar.

La evaluación de los actos señalados corresponde a 33 años (desde 1990 a abril de 2023), detalló el experto.

En el análisis exhaustivo del impacto participaron organizaciones como Cristosal de El Salvador y Acción Ciudadana de Guatemala.

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