- El exconsejero electoral retomó sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios y aseguró que existen acciones para silenciarlo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, volvió a arremeter contra autoridades electorales y políticas al cuestionar la declaratoria de las elecciones generales de 2025 y denunciar, según sus propias afirmaciones, que “siguen los planes para matarme”.
En una publicación en su cuenta de X, Ochoa sostuvo que la captura de Fernando Cerimedo, a quien identifica como asesor del Partido Nacional, daría mayor relevancia a los audios que entregó al Ministerio Público (MP) y que, según afirma, revelarían un supuesto plan para alterar los resultados electorales en coordinación con las entonces consejeras electorales Cossette López y Ana Paola Hall.
Ochoa también aseguró que continúa en marcha un supuesto plan para atentar contra su vida, del cual responsabilizó al “capo” y a las exconsejeras.
El exconsejero recordó que votó en contra de la declaratoria de resultados de los comicios y sostuvo que el CNE habría declarado al ganador sin procesar la totalidad de las actas ni resolver las impugnaciones, lo que, a su juicio, vulneró los derechos de candidatos a cargos de elección popular.
Asimismo, retomó los audios que aseguró haber entregado al MP el 23 de diciembre de 2025, en los que, según afirmó, aparece la voz de Cerimedo y se hacen referencias a supuestas alteraciones de votos, coordinación con las Fuerzas Armadas y rechazo a un eventual recuento voto por voto.
Ochoa también cuestionó que la Corte Suprema de Justicia suspendiera, según su versión, una investigación relacionada con sus denuncias y vinculó esa decisión con López y Hall, quienes posteriormente fueron designadas en cargos diplomáticos.
Además, volvió a cuestionar el juicio político que terminó con su salida del CNE y acusó a los partidos Nacional y Liberal de actuar para impedir que sus denuncias prosperaran.
Las acusaciones de Ochoa sobre un supuesto fraude electoral, injerencia y amenazas contra su vida forman parte de una disputa política que continúa generando controversia y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
