El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas anunció que las autoridades de Nicaragua se han negado a emitir comentarios sobre su último informe de abusos en el país, donde denunciaban pautas de maltrato a detenidos tras las protestas de 2018 y en los comicios de 2021.
Un informe provisional denunciando estos abusos, realizado también sin colaboración de la parte nicaragüense, se publicó con carácter provisional a finales de julio a la espera de réplica por parte del Gobierno de Daniel Ortega, pero tras cuatro meses sin contestación fue adaptado en noviembre con carácter definitivo, según el comité.
El informe subraya que se usó fuerza letal contra manifestantes pacíficos en 2018 y 2021, cuando fueron detenidas arbitrariamente entre 170 y 190 personas por razones políticas y también hubo acusaciones de torturas y desapariciones forzadas.
El documento aseguró haber constatado que en algunas detenciones se sometió a los detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.
Se citaron particularmente graves situaciones para prisioneros en instituciones penitenciarias como La Modelo y La Esperanza en Tipitapa, así como para los detenidos en los centros «El Chipote» y «Nuevo Chipote» de Managua, la capital nicargüense.
El comité sumó a estas denuncias ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, representantes de confesiones religiosas y miembros de la oposición, una represión que ha contribuido «a un éxodo de más de 150.000 personas a la vecina Costa Rica» mientras otros tratan de llegar a Estados Unidos.
