CESPAD advierte que el conflicto en el CNE amenaza la transparencia, la confianza pública y la estabilidad democrática del país
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) lanzó una grave advertencia este miércoles: sin consensos previos y legalmente sustentados sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el proceso electoral del 30 de noviembre podría carecer de legitimidad democrática y aceptabilidad ciudadana.
Según el organismo, la disputa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) va mucho más allá de una diferencia técnica, ya que revela una fractura estructural sobre las reglas del juego democrático que debería regir en los próximos comicios generales.
“La democracia requiere reglas aceptadas por todos. Si se imponen por mayoría sin legitimidad compartida, se rompe el juego democrático”, sostiene el comunicado, alertando que la credibilidad institucional y la aceptación pública de los resultados ya están en riesgo.
Un proceso ya contaminado por la desconfianza
CESPAD señala que el proceso electoral ya ha sido afectado por la falta de consensos, al aumentar las narrativas de fraude anticipado, la desconfianza entre instituciones y la incertidumbre sobre la transparencia del conteo de votos.
Además, recuerdan que el artículo 279 de la Ley Electoral exige que los lineamientos del TREP deben aprobarse con al menos seis meses de antelación y por consenso entre los consejeros.
Actualmente, ese requisito no se ha cumplido, lo que convierte en ilegal cualquier decisión unilateral sobre los términos de referencia del sistema de transmisión.
“Sin un acuerdo legítimo, aumentan las impugnaciones, las narrativas confrontadas y el riesgo de que los resultados no sean aceptados”, advierte CESPAD.
Se vulneran principios clave de la legalidad electoral
El centro de estudios también denuncia que se están ignorando artículos clave como el 266 y el 278, que establecen que el escrutinio y la divulgación de resultados deben realizarse con las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos y por sus miembros, no por personal externo sin respaldo legal. Esto desnaturaliza la soberanía popular y debilita el control ciudadano sobre el proceso.
Exhortaciones urgentes para salvar el proceso
Ante esta crisis, el CESPAD exhorta a las autoridades y actores políticos a:
• Revisar públicamente y con urgencia los términos de referencia del TREP, con participación plena de los tres consejeros del CNE.
• Establecer un acuerdo político-electoral vinculante, que defina con claridad y legalidad el sistema de transmisión y sus mecanismos de control.
• Solicitar acompañamiento técnico y observación internacional, para garantizar transparencia y credibilidad en el proceso.
“Si no se toman estas medidas, el país puede terminar el 30 de noviembre con votos contados, pero sin certeza ni aceptación”, concluye CESPAD, advirtiendo que la falta de legitimidad pondría en juego la ya debilitada gobernabilidad democrática de Honduras.
Aquí el Pronunciamiento íntegro:
ALERTA: Sin consensos sobre el TREP, no habrá elecciones legítimas el 30 de noviembre
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) advertimos que el conflicto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) va más allá de un desacuerdo técnico, ya que implica una disputa estructural sobre las reglas mínimas del juego democrático para las elecciones generales de noviembre de 2025. La democracia requiere reglas aceptadas por todos, pero si se imponen por mayoría sin legitimidad compartida, se rompe el juego democrático, afectando la credibilidad institucional y la aceptación pública de los resultados. Alertamos que:
- El conflicto actual ya impacta el proceso electoral: desconfianza entre las instituciones, acusaciones de fraude anticipado y la falta de una normativa común que erosiona la confianza pública.
- La falta de consensos sobre el TREP representa un riesgo estructural para la integridad del proceso, ya que es clave para visibilizar la voluntad popular el día de las elecciones. Sin un acuerdo legítimo, aumentan las impugnaciones y las narrativas confrontadas, socavando la aceptación de los resultados del 30 de noviembre.
- La Ley Electoral establece límites claros que no pueden ser modificados sin base legal, como el artículo 279, que exige aprobar por consenso y con al menos seis meses de antelación los lineamientos del TREP. Esta disposición delimita plazos e impone un estándar de legalidad y legitimidad que está siendo desatendido. Sin consenso sobre los términos de referencia del TREP, el CNE incumple su obligación legal, comprometiendo la transparencia del proceso y la confianza pública en sus resultados.
- Además, los artículos 266 y 278 indican que el escrutinio y la divulgación de resultados deben realizarse con las actas de cierre de las JRV y por sus miembros. Delegar funciones en personal externo sin respaldo legal vulnera el principio de legalidad electoral, desnaturaliza la soberanía popular y debilita el control ciudadano sobre el conteo de votos.
- La legitimidad del proceso exige reglas previamente definidas, aceptadas por todos los actores y un compromiso colectivo con los resultados, incluso si estos no favorecen a todos los participantes. Decisiones unilaterales, sin legalidad ni consenso sobre el TREP ponen en duda la validez del proceso y amenazan la gobernabilidad democrática.
Exhortamos a:
- Revisar de forma urgente y pública el pliego de condiciones del TREP, garantizando la legalidad y la participación de los tres consejeros del CNE.
- Establecer un acuerdo político-electoral vinculante que defina claramente el sistema de transmisión de resultados preliminares y sus mecanismos de control, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
- Solicitar el acompañamiento técnico de organismos especializados y misiones de observación internacionales para asegurar un proceso transparente, creíble y auditable.
Si no se toman estas medidas, el proceso electoral podría no concluir con legitimidad el 30 de noviembre, generando votos y resultados, pero sin certeza ni aceptación, poniendo en riesgo la estabilidad del ya debilitado pacto democrático hondureño. La democracia implica aceptar tanto ganar como perder, pero esa confianza solo se construye si se respetan las reglas y quienes las administran. El tiempo para fortalecer esa confianza se agota.
