- Gustavo Solórzano advierte que el Congreso debe respetar garantías constitucionales y recalca que este mecanismo no determina culpabilidad penal ni administrativa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, se pronunció sobre la aplicación del juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, subrayando que este proceso debe apegarse estrictamente a la Constitución y garantizar el respeto al debido proceso.
El análisis del exrepresentante del gremio legal surge tras la decisión del Congreso Nacional de admitir la denuncia contra Zelaya, lo que derivó en su suspensión del cargo mientras avanza el procedimiento, siendo sustituido de manera interina por el fiscal adjunto Marcio Cabañas.
Juicio político: control constitucional, no proceso penal
Solórzano fue enfático en aclarar que el juicio político en Honduras es un mecanismo de control constitucional ejercido por el Poder Legislativo, y no un proceso judicial.
“No determina responsabilidad penal, civil o administrativa”, puntualizó, dejando claro que cualquier tipo de culpabilidad corresponde a otras instancias del sistema de justicia.
En ese sentido, explicó que el objetivo del juicio político es establecer si un funcionario debe o no continuar en el cargo, siempre que existan causas sustentadas conforme a la ley especial que regula este procedimiento.
Una ruta procesal definida
El expresidente del CAH detalló que el proceso sigue etapas claramente establecidas: la presentación de la denuncia, su admisión por el pleno, la suspensión como medida cautelar, la citación del funcionario en un plazo de 48 horas, una fase de investigación que puede extenderse hasta 30 días, la elaboración de un informe por parte de una comisión especial y, finalmente, la decisión del pleno en un plazo de cinco días.
El resultado puede derivar en la destitución e inhabilitación del funcionario o su continuidad en el cargo.
Garantías que deben respetarse
A pesar de tratarse de un proceso político, Solórzano insistió en que deben respetarse derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa, la presentación de pruebas y la audiencia del funcionario.
Además, enfatizó que la suspensión de Zelaya no implica culpabilidad.
“Es una medida cautelar dentro del procedimiento, no una sanción definitiva”, explicó, señalando que su propósito es evitar interferencias en la investigación.
Elección del Fiscal General, bajo reglas claras
De cara a un eventual escenario de destitución, Solórzano advirtió que la elección de un nuevo Fiscal General debe ajustarse a lo establecido en la Ley del Ministerio Público.
Recordó que únicamente pueden optar al cargo quienes hayan superado el proceso de evaluación realizado por la Junta Proponente, lo que representa un requisito indispensable para garantizar la legalidad del nombramiento.
Un reto para el Congreso
Finalmente, calificó el proceso como un desafío institucional para el Congreso Nacional, al que instó a actuar con apego a la ley.
“El Congreso tiene el control político, pero la legalidad del Estado exige que cada decisión se ajuste a la Constitución y la ley. Sin debido proceso, no hay institucionalidad”, concluyó.
El desarrollo de este juicio político no solo marcará el futuro de la titularidad del Ministerio Público, sino que también pondrá a prueba la solidez de las instituciones democráticas en Honduras.
