TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Cumpliendo el reto hecho por el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, hoy se presentó el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, ante el Ministerio Público, en un camioncito, con varias cajas de supuestas evidencias que probarían las exoneraciones de las cuales se han beneficiado a “cúpula de empresarios”.
Ochoa era esperado en las afueras del ente investigador por varios representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quienes lo citaron en ese lugar a las 10 de la mañana de este miércoles por las graves acusaciones hechas por el funcionario, por lo que le exigieron presentara las pruebas, pues “de lo contrario estaría difamando”.
El director del SAR llegó pasada la hora contemplada, causando agitación a su ingreso al Ministerio Público, pues de un camión comenzaron a bajar varias cajas que contenían las supuestas evidencias relacionadas a las “10 familias más ricas del país y casos de corrupción ligados a sus empresas”.
Ochoa se dirigió a los medios de comunicación concentrados en las afueras del MP, y manifestó que “quienes ostentan el poder político y económico del país son una mafia de 10 familias que ha concentrado su riqueza a costa de la pobreza de las mayorías”.
“Nos estamos haciendo presentes respondiendo el mandato popular de 1.7 millones de personas que votaron en 2021 por el combate a la corrupción público-privada”, añadió.
“Estas 10 familias disfrazadas como BOC (Bloque de Oposición Ciudadana) conspiran para impedir los cambios profundos que el país necesita y la elección de un fiscal general que traiga justicia al país”, enfatizó, en relación a los cuestionamientos hechos por algunos líderes de esta alianza política.
Arguyó que “durante 12 años de gobierno nacionalista se legalizó el saqueo y la corrupción, tal como ocurrió el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron a favor de las finanzas de estas 10 familias 100 contratos y 67 decretos. Este grupo recibió de manera indebida exoneraciones de casi 500 millones lempiras”.
De acuerdo a lo argumentado por el titular del SAR, en las cajas había más de 20 mil páginas de evidencias, que incluyen declaraciones de impuestos, declaraciones aduaneras, resoluciones de exoneraciones, expedientes administrativos de diversas secretarías, protocolos de constitución de sociedades mercantiles, actas certificadas de sesiones legislativas, reportes de inteligencia, entre otras cosas.
“Los casos que presentamos representan la comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales que suman un perjuicio total de 1,500 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras”, detalló.
El funcionario llegó acompañado de otras autoridades de gobierno, como el diputado Fabricio Sandoval, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Luther Castillo, Lucky Medina, ministro en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente entre otros.
Durante su comparecencia de prensa, previo a presentar formalmente las denuncias, Ochoa refirió a grandes rasgos los casos interpuestos, detallando que se tratan sobre una empresa que importó un helicóptero sin pagar impuesto y este fue utilizado para transportar a la familia dueña de la empresa y a sus amistades, el segundo caso sería acerca de un grupo económico que utilizó su influencia y conexiones, tanto con el Congreso Nacional como con un exministro de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr de forma corrupta la aprobación de 3 decretos y de una resolución con el fin trasladar ilegalmente los beneficios de una empresa en Zona Libre (ZOLI) a otras en el Régimen de Importación Temporal (RIT) para evitar el pago de todos los impuestos.
El funcionario dijo que, como consecuencia, este grupo recibió de manera indebida casi 500 millones de lempiras en exoneraciones.
Entretanto, la tercera denuncia consiste en que una empresa multinacional utilizó su influencia política para gestionar un decreto en el Congreso, a través de la interpretación del Código Tributario y de forma retroactiva eliminó el ajuste derivado de una auditoría tributaria, el cual se estimó en más de 500 millones de lempiras.
Para finalizar, Ochoa exteriorizó como un empresario y exdiputado del Congreso Nacional, supuestamente incurrió en diversos delitos al promover un decreto contentivo de beneficios fiscales para sus empresas en el régimen de Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR), por más de 450 millones de lempiras.
