- Informe revela aumento de desnutrición y obesidad, caída en vacunación, escasez de medicamentos y miles de cirugías pendientes, mientras el gasto en salud sigue por debajo de lo recomendado
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La transformación del sistema de salud hondureño requiere con urgencia un pacto nacional que garantice acceso oportuno y calidad en la atención para toda la ciudadanía, advirtió el Instituto de la Justicia en la segunda entrega de su serie Estado de país 2026.
El informe expone un panorama crítico: el acceso a servicios sanitarios y su calidad dependen cada vez más del poder adquisitivo de la población, profundizando las brechas entre quienes pueden pagar atención privada y los sectores históricamente excluidos.
Según el análisis, el sistema enfrenta una crisis estructural marcada por el acceso limitado a medicamentos, largas listas de espera para cirugías, baja cobertura de vacunación y un modelo centrado en la atención curativa en lugar de la prevención.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el deterioro nutricional. La desnutrición pasó de 13 % en 2018 a 15 % en 2023, mientras que en 2024 el 40 % de la población no tenía ingresos suficientes para costear una dieta saludable, situación que impacta directamente en el desarrollo infantil, eleva el riesgo de enfermedades crónicas y reduce la productividad del país.
Paralelamente, la obesidad también va en aumento. Entre 2015 y 2022 creció un 5 %, alcanzando el 30 % de la población, lo que significa que casi uno de cada tres hondureños vive con esta condición asociada a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares.
El Instituto advirtió que, de no intervenirse de forma oportuna, estas tendencias incrementarán la carga de enfermedades crónicas y la mortalidad, desbordando aún más la capacidad del sistema sanitario.
En términos de cobertura, aunque se han incorporado 166 establecimientos de salud en la última década y el número de médicos aumentó de tres a cinco por cada 10 mil habitantes, las atenciones han disminuido significativamente. De cerca de 10 millones de atenciones anuales antes de 2016, la cifra cayó a 7.4 millones en 2024 y apenas tres millones en el segundo nivel.
El retroceso también se refleja en la vacunación. Tras alcanzar coberturas del 100 % entre 2014 y 2016, la reducción de fondos y el abandono de buenas prácticas provocaron una caída por debajo de los estándares recomendados. Como consecuencia, en 2026 se reportaron sospechas de sarampión y nueve muertes por tosferina, enfermedades que habían sido controladas durante décadas.
A esto se suma la persistente escasez de medicamentos. En los últimos tres años, menos del 80 % de los pacientes del sistema público recibieron sus tratamientos completos, evidenciando fallas en los procesos de compra y distribución.
La mora quirúrgica también sigue en aumento: más de 10,000 personas permanecieron en lista de espera durante 2025, mientras más de 40 quirófanos continúan fuera de servicio, en muchos casos por problemas de gestión.
En el ámbito financiero, el informe señala que en 2025 el gasto en salud cayó a 2.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 6 % recomendado por organismos internacionales. Además, entre 2022 y 2025 se dejaron de ejecutar 7,296 millones de lempiras del presupuesto asignado al sector.
Ante este escenario, el Instituto de la Justicia insistió en la necesidad de un pacto nacional que articule a autoridades, sector privado, sociedad civil y ciudadanía, con una visión de largo plazo enfocada en la equidad, la eficiencia y resultados concretos.
Entre las recomendaciones destacan fortalecer la atención primaria con un enfoque preventivo, implementar seguimiento comunitario en zonas vulnerables, garantizar procesos transparentes en la compra de medicamentos y desarrollar un plan nacional de cirugías oportunas para reducir la mora quirúrgica.
La serie Estado de país 2026 busca aportar evidencia y análisis para impulsar decisiones informadas y promover soluciones a los principales desafíos que enfrenta Honduras, en un momento en que la salud pública se perfila como una de las crisis más urgentes del país.
