TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exministro de Salud, Arturo “Tuky” Bendaña, comparece este martes en audiencia de declaración de imputado al ser acusado por el Ministerio Público junto a otras personas de un “desfalco inhumano” en salud.
A Bendaña se le trasladó a Tegucigalpa luego de ser capturado en las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Bendaña brindó unas escuetas declaraciones a los medios de comunicación, dijo sentirse “muy mal”, pero aseguró, “soy inocente”.
El exministro y los demás acusados comparecerán este martes en audiencia de declaración de imputado.
Los otros capturados por el mismo caso son Vanessa María Urbizo, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez y Carlos Octavio Rivas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los exfuncionarios y representantes de empresas mercantiles efectuaron compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que derivó en un fraude al Estado hondureño por más de 224 millones de lempiras.
Tras la emisión del requerimiento fiscal, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo a cuatro de los acusados, entre ellos al exministro de Salud, Arturo Bendaña Pinel, conforme se ha dado a conocer.
Los implicados en este caso son, además de Bendaña, Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez. Los delitos imputados incluyen fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Las investigaciones señalan que, entre 2010 y 2012, un grupo de exfuncionarios y empresarios habría utilizado contratos fraudulentos, licitaciones manipuladas y una figura inexistente denominada “extra financiamiento” (similar a la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en perjuicio de la salud del pueblo hondureño.
El requerimiento fiscal también menciona que parte de los fondos defraudados fue facilitada por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, a través de resoluciones favorables para las empresas involucradas, tras demandas forzadas contra el Estado, sustentadas en actas e informes falsificados.
Este entramado de corrupción, ahora revelado por el Ministerio Público, privó a miles de hondureños de los medicamentos y suministros médicos esenciales. Muchos compatriotas, con escasos recursos económicos, se vieron obligados a recorrer largas distancias, solo para encontrarse con la amarga realidad de la falta de insumos en los centros hospitalarios.
Como consecuencia, muchos de ellos regresaron a sus hogares desilusionados, traicionados y abandonados por un sistema de salud que, en lugar de protegerlos, en numerosos casos, les condenó a la muerte, según expuso la Fiscalía.
