TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, informó este martes que ascienden a 16 los reclamos de arbitraje de inversión presentados contra el Estado de Honduras, los cuales acumulan un monto estimado entre 12 y 13 mil millones de dólares.
La cifra incluye la más reciente demanda interpuesta por el consorcio EMCO, que exige una compensación de 300 millones de dólares por supuestos daños derivados de acciones arbitrarias por parte del gobierno hondureño.
Según explicó Díaz Galeas, la nueva demanda fue recibida este lunes por la Procuraduría General de la República (PGR) y se tramita ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), una de las instancias autorizadas por el DR-CAFTA para resolver este tipo de controversias en caso de que un Estado no pertenezca al CIADI, como es actualmente el caso de Honduras.
EMCO alega expropiación e incumplimiento de tratados internacionales
La demanda de EMCO argumenta que el Estado hondureño habría violado disposiciones de dos acuerdos internacionales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). La empresa sostiene que ha sido víctima de actos de expropiación por parte de las autoridades, lo que ha generado daños financieros significativos.
No obstante, el procurador Díaz Galeas rechazó categóricamente estas acusaciones.
“Esos planteamientos son absolutamente erróneos y no son parte de la realidad”, afirmó.
Asimismo, aseguró que se está dando el estudio y análisis legal correspondiente a lo que calificó como una “demanda voluminosa”.
Próspera lidera los reclamos con una demanda de $11 mil millones
Entre las 16 demandas activas, la más cuantiosa continúa siendo la presentada por Prospera, una iniciativa de desarrollo económico amparada bajo el régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que reclama cerca de 11 mil millones de dólares.
La reciente ofensiva legal contra el Estado hondureño ocurre en medio de un ambiente político-electoral cada vez más polarizado, y tras declaraciones de la ministra y precandidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, respecto al manejo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que según algunos analistas, podría haber influido en el contexto de la nueva demanda.
Honduras fuera del CIADI, pero bajo el DR-CAFTA
Desde su retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Estado hondureño se enfrenta a un panorama jurídico más complejo. No obstante, los inversionistas pueden seguir presentando reclamos a través de otras vías estipuladas en tratados como el DR-CAFTA, específicamente bajo el artículo 10, sección B, que contempla mecanismos alternativos como el de la CNUDMI.
La demanda de EMCO es la segunda que se hace pública en este mes.
La primera fue interpuesta por una ciudadana estadounidense que recurrió al mecanismo complementario del CIADI, invocando también disposiciones del DR-CAFTA para proteger sus inversiones.
